Siete exsenadores bonaerenses declararon como testigos en la causa conocida como “Chocolates del Senado”, en la que se investiga la posible contratación de empleados fantasma en la Cámara alta provincial y el presunto uso de sus tarjetas de débito para retirar dinero de sus cuentas sueldo.
Las testimoniales se realizaron ante el fiscal Juan Menucci, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 5 de La Plata. Los exlegisladores aportaron detalles sobre el mecanismo de designación de personal durante sus respectivos mandatos y respondieron preguntas sobre los trabajadores que aparecen en la investigación.
Los convocados fueron Yamila Araceli Alonso, Agustín Maspoli, Marcelo Daletto, Érica Revilla, Joaquín de la Torre, Owen Mariano Fernández Farquharson y María Lorena Mandagarán. Representaron a distintas fuerzas políticas, entre ellas la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y la Coalición Cívica.
Según fuentes vinculadas con el expediente, ninguno de los siete reconoció a los presuntos “tarjeteros” ni pudo identificar quién había dispuesto sus nombramientos. Sin embargo, explicaron cómo funcionaba el sistema de contratación de personal en el Senado, que contemplaba pedidos de los propios legisladores y la incorporación de personas de su confianza.
“Ninguno reconoció a ningún tarjetero ni sabe quién los nombró”, señalaron fuentes del caso. También indicaron que los exsenadores describieron un mecanismo en el que las designaciones respondían, en términos generales, a pedidos de los legisladores y recaían en personas de sus respectivos entornos de confianza.
Las declaraciones forman parte de una etapa de la investigación destinada a reconstruir cómo se incorporaba personal a la Cámara alta y qué vínculos podían existir entre los empleados investigados y los dirigentes políticos que integraban el Senado.
Quiénes son los exsenadores que declararon
Los siete exlegisladores convocados por Menucci pertenecieron a distintos espacios políticos y ocuparon bancas en la Cámara de Senadores bonaerense durante diferentes períodos.
Yamila Araceli Alonso, Agustín Maspoli y Érica Revilla integraron el Senado por la Unión Cívica Radical. Los tres fueron parte de la representación radical en la Legislatura provincial.
Marcelo Daletto llegó a la Cámara alta por Cambiemos, dentro de la alianza que reunía al PRO, la UCR y otros sectores opositores al peronismo. Tras su paso por el Senado, continuó vinculado a la actividad pública y actualmente ocupa un cargo como director del Banco Provincia.
Joaquín de la Torre, exintendente de San Miguel, fue senador por el espacio peronista que integró Cambiemos y luego se acercó a otros sectores del peronismo bonaerense. Su trayectoria política atravesó distintas alianzas y espacios.
Owen Mariano Fernández Farquharson representó al PRO, mientras que María Lorena Mandagarán integró la representación de la Coalición Cívica.
Las diferencias partidarias de los convocados son un dato relevante para la investigación, que busca establecer cómo se distribuían las contrataciones en el Senado y si los nombramientos bajo sospecha respondían a estructuras políticas determinadas.
Por el momento, las declaraciones se realizaron en calidad de testimoniales. Los exsenadores no fueron convocados como imputados y sus dichos deberán ser evaluados junto con el resto de las pruebas reunidas en el expediente.
En tanto tres exsenadores dijeron ausentes. Nidia Moirano, Elisa Carca y David Hirtz, que también habían sido convocados como testigos, no se presentaron a declarar ante el fiscal Menucci y deberán definirse nuevas fechas para sus testimoniales.
Una investigación que nació del caso Chocolate
La causa “Chocolates del Senado” es un desprendimiento de la investigación que comenzó en septiembre de 2023 con la detención de Julio “Chocolate” Rigau, el puntero político del Frente Renovador que fue encontrado en un cajero del Banco Provincia de La Plata con decenas de tarjetas de débito pertenecientes a supuestos empleados de la Cámara de Diputados bonaerense.
Aquel procedimiento permitió descubrir un presunto mecanismo de extracción de salarios legislativos por parte de terceros. Según la acusación, Rigau utilizó 40 tarjetas en una sola jornada y retiró un total de $1.260.000.
La investigación, que quedó a cargo de la fiscal Betina Lacki, avanzó sobre los titulares de las cuentas y sobre las personas que habrían intervenido en el sistema de contrataciones. El expediente alcanzó a Rigau, al exfuncionario legislativo Claudio Albini y a su hijo Facundo Albini, exconcejal de La Plata, además de los denominados “tarjeteros”.
La causa principal ya fue elevada a juicio oral y tramita ante el Tribunal Oral Criminal V de La Plata.
En paralelo, el análisis de otras maniobras con tarjetas de débito abrió una línea de investigación sobre el Senado bonaerense. Las imágenes de cámaras de seguridad de una sucursal bancaria permitieron identificar a Hugo Muguerza y Josefina Ortellado, quienes habrían realizado extracciones con tarjetas de otras personas.
La pesquisa apunta a por lo menos 39 tarjetas vinculadas con empleados de la Cámara alta. La hipótesis es que algunas de esas personas podrían haber sido contratadas sin cumplir tareas efectivas y que sus salarios habrían terminado en manos de terceros.
El mecanismo de los nombramientos, bajo la lupa
La ronda de testimoniales busca aportar información sobre el funcionamiento administrativo y político de las contrataciones en el Senado. En particular, el fiscal intenta reconstruir quiénes impulsaron las designaciones de las personas cuyas tarjetas aparecen en la investigación.
Los exsenadores explicaron que los nombramientos podían surgir de pedidos de los propios legisladores y que, habitualmente, se trataba de personas de confianza. Esa descripción aporta contexto sobre el sistema de incorporación de personal, aunque por sí sola no permite establecer que las contrataciones investigadas hayan sido irregulares.
El punto que todavía necesita esclarecer la fiscalía es si los titulares de las tarjetas investigadas cumplían efectivamente funciones en la Cámara, quiénes promovieron sus ingresos y quiénes disponían de sus salarios.
La ausencia de reconocimiento de los presuntos tarjeteros por parte de los siete exsenadores tampoco resuelve esas preguntas. Sus testimonios deberán contrastarse con la documentación de las designaciones, los registros laborales y los movimientos bancarios.
La causa continúa bajo la dirección de Juan Menucci, mientras los investigadores avanzan en la reconstrucción de los vínculos entre los empleados investigados, los responsables de sus nombramientos y las personas que habrían retirado el dinero.
Las declaraciones de los exsenadores constituyen un nuevo paso en esa tarea: conocer cómo se distribuían los cargos y qué intervención tenían los representantes políticos en la incorporación de personal a la Cámara alta bonaerense.
MS
