El ex ministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio fue imputado por el fiscal platense Álvaro Garganta como partícipe necesario de los supuestos delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y como autor del delito de cohecho.

Las acusaciones que formalizó Garganta se dieron en el marco de la causa que investiga una trama de presuntos gestores que eliminaban multas de tránsito a cambio del pago de un porcentaje de la infracción y sospechas de direccionamiento en la adjudicación de concesiones de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

D’Onofrio asumió como ministro de Transporte de la gestión de Axel Kicillof en diciembre de 2021 y renunció en diciembre de 2024, luego de que estallara el escándalo de las fotomultas y la VTV.

Según la resolución de Garganta (titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº11, de La Plata), D’Onofrio resulta partícipe necesario en un hecho que consistió en que funcionarios del ministerio provincial a su cargo, "valiéndose de las potestades propias de su función (fundamentalmente del acceso al Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito) actuaron en connivencia con terceros ajenos a dicho organismo, quienes captaban como ‘gestores’ a deudores de infracciones de tránsito ofreciéndoles reducciones del 50% del monto adeudado, apropiándose de un monto remanente".

La Fiscalía sostuvo que la maniobra se produjo "sin respetar el debido proceso legal y con el consiguiente perjuicio para las arcas municipales y provinciales". El hecho que se investiga habría comenzado, según la imputación, el 3 de enero de 2022. El caso se inició por una denuncia realizada en octubre de 2023.

"Dichos funcionarios públicos se pusieron de acuerdo para cometer delitos de forma indeterminada y, en el ejercicio de sus funciones, se habrían enriquecido ilícitamente aumentando considerablemente sus patrimonios", dijo el fiscal.

"Habrían ocurrido irregularidades en el procedimiento de adjudicación de las concesiones para la explotación del servicio de Verificación Técnica Vehicular, las que habrían sido otorgadas a siete empresas que previamente habrían contratado (por una excesiva comisión del 8,5% más IVA del valor total de cada pago realizado) los servicios de la empresa ‘Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A.’ en la que tendrían participación societaria -interpósita persona- los funcionarios del Ministerio de Transporte investigados", escribió Garganta en su resolución.

D’Onofrio, un dirigente pilarense que estuvo alineado históricamente con Sergio Massa, fue funcionario del gobierno de Kicillof hasta fines del año pasado, cuando dejó el cargo con una renuncia tras meses de noticias judiciales que lo perjudicaban.