Durante su gestión, el ex presidente Alberto Fernández había prometido utilizar el Impuesto a la Riqueza para realizar obras de vivienda, cloacas, pluviales y asfalto para La Rubita, Chaco. Sin embargo, según consigna una investigación del periodista Bruno Yacono para TN, solo le fueron entregadas paredes a quienes deberían haber recibido casas: faltaban terminación, ventanas y hasta baños. 

Según lo que había dispuesto el gobierno de Fernández, el 15 % de lo recaudada por el Impuesto a la Riqueza – que consistía en cobrarle entre un 2% y 3,5% a quienes tuvieran un patrimonio superior a los $200 millones – iba a ir al Fondo de Integración Socio Urbana, con el que se urbanizarían barrios populares de todo el país.

Sin embargo, a pesar de que se ejecutaron más de $4000 millones los trabajos quedaron inconclusos: de las 165 viviendas que se prometieron, se terminaron 15 y las demás solo son paredes: 

Un caso representativo de este hecho que es recogido en la investigación es el de Osvaldo Quintana, vecino del barrio La Rubita, declaró a TN: “Cobro $85 mil por mes de jubilación. La mitad la destino a comprar comida y la otra mitad a terminar mi casa». Él vive en una de las viviendas que fueron entregadas por la gestión de Jorge Capitanich en esa zona de la provincia como parte del plan de urbanización que se anunció a mediados de 2021.

De acuerdo a la investigación de Yacono, cuando las autoridades del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial -en ese entonces a cargo de Marta Soneira- le entregaron la vivienda, a la misma le faltaban puertas, ventanas, terminaciones varias y el baño. El hombre debió terminar la vivienda que el gobierno local debió haberle dado culminada en su totalidad.

Las casas que se entregaron no tienen conexiones de gas, ni luz ni baño, y quedaron pendientes obras de cloacas, pavimento, desagües pluviales, y conexiones entre otras cosas. 

La situación motivó una denuncia penal de un grupo de diputados provinciales, quienes señalaban que la plata que se gastó es mucho mayor a los montos estipulados inicialmente en el proyecto y solicitan que se investigue a exfuncionarios por posibles irregularidades en la utilización de los fondos.

La denuncia de los diputados también apunta a las cooperativas que realizaban las obras de vivienda en La Rubita, particularmente a Zulma Noemi Enriquez, coordinadora del equipo territorial y a sus hijos, Gonzalo Balcarza y Yanina Natalia Juárez, titulares de dos cooperativas que recibieron millones para las casas en cuestión.