El caso que involucra a Julio “Chocolate” Rigau, ex puntero político del Frente Renovador, toma un giro crítico con la inminente posibilidad de que acceda al beneficio de arresto domiciliario. Este escenario se produce tras el rechazo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense a una apelación del Ministerio Público Fiscal contra el fallo que otorgó la medida, dejando al organismo hasta el mediodía del próximo lunes 23 de diciembre para presentar un recurso de queja ante la Corte. Según confirmaron a #Border, al cierre de la jornada judicial de este viernes 20 de diciembre, dicho recurso no había sido presentado.

Rigau, detenido junto a sus jefes políticos Claudio y Facundo Albini, enfrenta cargos por asociación ilícita y una defraudación al erario público que se estima en 800 millones de pesos. Los delitos, centrados en el manejo irregular de contratos de locación de servicios en la Cámara de Diputados bonaerense, fueron cometidos entre 2021 y 2023, aunque la investigación de la fiscal Betina Lacki amplió el marco temporal hasta 2002, evidenciando más de dos décadas de maniobras fraudulentas.

LA BATALLA JUDICIAL POR EL ARRESTO DOMICILIARIO

El arresto domiciliario para Rigau fue dispuesto por dos jueces del Tribunal de Casación Penal provincial. Esa decisión fue apelada, pero puede quedar firme el próximo lunes 23 de diciembre, en la previa de la Nochebuena. Para que ello no ocurra algún funcionario del Ministerio Público que encabeza el procurador Julio Conte Grand debe presentar el recurso de queja.

No obstante, la efectivización de la domiciliaria, depende ahora del cumplimiento de un procedimiento clave: la disponibilidad de una tobillera electrónica de monitoreo por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Según fuentes judiciales, “la lista de espera para estos dispositivos es extensa, y cualquier prioridad para Rigau podría suscitar sospechas de favoritismo”.

La situación de los Albini es similar. Claudio Albini, ex funcionario público, y su hijo Facundo, también buscan la morigeración de sus prisiones preventivas. Sin embargo, la fiscal Lacki se opone firmemente, argumentando que la gravedad institucional de los delitos, el monto defraudado y el riesgo procesal justifican su continuación en prisión.

La defensa de los Albini sigue de cerca la resolución del “incidente Rigau”. Entiende que el posible beneficio de la cárcel a domicilio podría extenderse a ellos. Esa resolución está en manos del juez Guillermo Atencio.

DELITOS QUE SACUDEN LAS INSTITUCIONES

Los cargos contra Rigau y los Albini incluyen la suscripción de 48 contratos irregulares de locación de servicios. Estos contratos permitían que personas cobraran sueldos sin desempeñar funciones reales, en lo que se ha denominado un esquema de “ñoquis” de la Legislatura provincial. Entre las maniobras identificadas se destaca el uso de tarjetas de débito asociadas a cuentas bancarias para desviar fondos públicos.

La fiscalía enfatiza el carácter sistemático y prolongado de estas prácticas, que no solo perjudican las arcas del estado provincial, sino que también socavan la legitimidad de las instituciones democráticas. “Estos actos de corrupción representan un ataque al orden moral y la justicia”, señaló Lacki.

Además, se ha revelado que la esposa de Facundo Albini, empleada en la Unidad de Investigación de Delitos Económicos de la Procuración bonaerense, junto a otros familiares directos que figuran entre los beneficiarios de los contratos irregulares, viajaron a Disney, pese a que la defensa sostiene que necesitan salir de prisión para trabajar y generar ingresos dado su precariedad económica.

Perla Demichelis es la suegra de Facundo Albini, otra “ñoqui” de las tarjetas. Rocío Hernández, esposa de Facundo Albini, es Auxiliar Letrada en la Unidad de Investigación de Delitos Económicos de la provincia de Buenos Aires. Las tres tenían pasajes para viajar a Disney.

RESISTENCIAS Y CONTROVERSIAS

El otorgamiento del arresto domiciliario a Rigau ha generado un fuerte rechazo en sectores del fuero penal y en organizaciones como Poder Ciudadano, que actúa como querellante en la causa. “Los riesgos procesales siguen vigentes, y cualquier medida que facilite su salida de la cárcel podría comprometer la investigación”, argumentaron en un escrito dirigido al juez de Garantías Atencio.

Por su parte, la defensa de los Albini sostiene que los riesgos procesales han disminuido y que la prisión preventiva resulta excesiva. No obstante, la fiscalía insiste en que la magnitud de las penas en expectativa, que podrían superar los 15 años de prisión, aumenta el peligro de fuga.

UN CASO EMBLEMÁTICO DE CORRUPCIÓN POLÍTICA

El escándalo Rigau no sólo evidencia los mecanismos de corrupción enquistados en el aparato estatal, sino que también plantea interrogantes sobre la eficacia del sistema judicial para combatir este tipo de delitos. Mientras se acerca el lunes 23 de diciembre, fecha clave para definir el futuro inmediato de “Chocolate”, la opinión pública y el mundo judicial están atentos a una decisión que podría sentar un precedente en el tratamiento de la corrupción en la provincia de Buenos Aires.

Un dato no menor: casi toda la política bonaerense (PJ, UCR, PRO, FR y Libertarios) emiten un silencio escandaloso alrededor del caso, igual que la Fiscalía de Estado bonaerense.