La investigación por un millonario fraude a la administración pública de la provincia de Buenos Aires generó novedades de todo tipo durante la última semana, entre las que se destacan el llamado a declaración de un funcionario clave de la Cámara de Diputados provincial, dos sindicalistas y más de veinte empleados de ambas cámaras legislativas, confirmaron fuentes judiciales a Borderperiodismo. La cita judicial del funcionario generó un cimbronazo interno en el Poder Legislativo bonaerense.

Se trata del Director de Personal Pablo Parente superior directo de Claudio Albini, quien se encuentra bajo prisión preventiva junto a su hijo el ex concejal de La Plata (Unión por la Patria) Facundo Albini. Parente es un conocido militante del PJ La Plata y presidente de la fundación FundPlata, entidad que promueve “políticas para que la ciudad de La Plata tenga un proyecto de desarrollo de largo plazo, que la vuelva a colocar como una de las ciudades más importantes de la Argentina de ahí que nuestro lema este basado en el conocimiento, el desarrollo y la investigación”, según se detalla en su sitio web.

La firma y sello de Parente aparece en los 48 contratos cuyas tarjetas de débito fueron secuestradas en poder de Julio Segundo “Chocolate” Rigau, un puntero del Frente Renovador. Esos contratos están en poder de los investigadores judiciales.

El llamado a declaración testimonial a Parente es un paso clave. Con esta medida la fiscal del caso avanza en la línea ascendente de presuntas responsabilidades. En una resolución del juez de Garantías Guillermo Atencio se establece que la investigación en curso puede conducir a develar “un acto de corrupción de inmensurable trascendencia”. Demasiadas tarjetas y demasiado dinero, dijo, en un episodio que “no pudo escapar –cuando menos– del conocimiento” de las autoridades de la Cámara de Diputados de entonces: Federico Otermín, Carlos “Cuto” Moreno, Fabián Perechodnik, Adrián Urrelli y Héctor Eslaiman.

Lo que busca la fiscal Betina Lacki es rearmar los circuitos y procesos que llevan a la designación de empleados en la Legislatura y también el recorrido que tiene el pago de salarios con tarjetas de débito, determinando así las responsabilidades de cada una de las autoridades, funcionarios y empleados legislativos.

En su llamado a testimoniales, la titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 2 de la capital provincial, convocó a 29 funcionarios y empleados de ambas cámaras, quienes deberán presentarse en el fuero penal de 7 y 56 entre el martes 12 de marzo y el miércoles 10 de abril.

En la lista de citas judiciales figuran el Director de Legal y Técnica de la Cámara de Diputados, Eduardo Resiglione, como también al Tesorero, Marcelo Auziverría, y a los jefes de Servicios Auxiliares, Tomasina Papaleo, y de Registro de Personal, Víctor Vigano. Resiglione ya se ausentó en un primer llamado en diciembre, diciendo que estaba de “vacaciones”.

Las primeras seis citaciones corresponden a supuestos empleados del Senado bonaerense cuyas tarjetas de débito utilizaron otros dos “chocolates”, Hugo Muguerza y Josefina Ortellado, de PRO / UCR. Esos seis empleados -Victor Gabriel Uribe, Daniela Salamanca y Karina Saraqui, Brisa Novillo, Yamila Benzo y Jonathan Villegas- habían pedido durante las últimas semanas que no les tomaran testimoniales, pidieron la asistencia de un abogado y plantearon la eximición de prisión.

Los llamados también son para el secretario gremial y a un vocal titular de la Asociación de Personal Legislativo (APL), Néstor Lanfranchi y Angel Galati, como también a Diego Andrés Martínez, Jessica Galati y Daniel Hernán Gallo.

En la causa se encuentran detenidos bajo prisión preventiva Claudio y Facundo Albini, junto al mencionado “Chocolate” Rigau por el denominado eje de investigación “Diputados”. Por el eje “Senadores” aparece sospechada la pareja compuesta por Hugo Muguerza y Josefina Ortellado. Del resultado de las testimoniales sobrevendrían nuevas imputaciones.

CHOCOLATE CON ARENA

En otra causa la justicia Penal del departamento judicial de Dolores se investiga a la senadora Flavia Delmonte (UCR) oriunda del Partido de La Costa, perteneciente a la Quinta Sección electoral bonaerense. Está imputada junto a dos colaborares por el presunto delito de defraudación a la administración pública a través de “retornos” en los sueldos de personas contratadas por la legisladora.

La propia Delmonte reconoció que existe una denuncia desde el año 2021 por este tema y que desde ese momento se “presentó ante la Justicia para estar a disposición en el marco del texto legal y constitucional”. También sostuvo que se busca una condena mediática y que “este conflicto se da en el proceso de mi divorcio y para perjudicarme”, explicó desde su cuenta de la red social X (ex Twiter).

La causa se inició por la denuncia de Yanina Tamara Arce. Es investigada por el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Mario Rafael Flores ante el juzgado de Garantías de Dolores, David Leopoldo Mancinelli. Según la legisladora Arce es la hermana de crianza de su ex marido; algo que la propia denunciante confirmó.

En la documentación judicial a la que accedió Borderperiodismo la denunciante cuenta con detalles como era el circuito de retorno entre ella y Delmonte. “Yo estaba pasando por una enfermedad, me ofrece trabajar con ella, ponerme en blanco en el Senado, y me daba la obra social -IOMA- y los aportes jubilatorios”. Cuenta también que como necesitaba la obra social accede y es nombrada en el Senado. Era el año 2019 y que de $31.000 que era el sueldo en ese momento, solo se quedaba con $10.000. El resto, sostuvo Arce, se lo daba “a Razimoff”. Se trata de Kevin Razimoff, asesor de la legisladora y que hasta el año pasado fue relator de la comisión de Comercio Interior, Pequeña y Mediana Empresa y Turismo del Senado bonaerense. La comisión era presidida por Delmonte. Además de Razimoff también se puso la mirada sobre Javier Torrijo Fuertes, otro presunto colaborador.

Para poder avanzar con la investigación Delmonte debe ser llamada a declaración indagatoria. Por ese motivo desde la justicia se solicitó su desafuero, medida que fue apelada por la defensa a cargo del abogado y ex diputado provincial (Cambiemos UCR) Julio Marcelo Dileo, quien fue el representante del gobierno de María Eugenia Vidal en el Consejo de la Magistratura provincial, organismo a cargo de la selección de magistrados (jueces, fiscales, defensores oficiales).

Con esta nueva causa ya son tres tramas de una misma historia que lleva años, hubo legisladores procesados, detenidos y condenados. El manejo discrecional de contratos en la Legislatura bonaerense es una de las mayores cajas negras de la política. La verdadera casta de la que casi todas las fuerzas políticas se nutrieron de fondos millonarios y que hasta el momento no existió la decisión política de ponerle un freno definitivo.