El gobierno argentino colocará un cerco de alambre en la localidad de Aguas Blancas, en Salta, en la frontera con Bolivia, para evitar el paso ilegal de personas y el contrabando.
La medida es parte del Plan Güemes del Ministerio de Seguridad que lidera Patricia Bullrich, a fin de fortalecer las fronteras del norte.
Según publicó el diario El Tribuno, ya se convocó a la licitación para colocar un alambrado olímpico a lo largo de los 200 metros que existen entre la terminal de colectivos y la oficina de Migraciones local.
«Del lado boliviano se construyeron controles estrictos, pero del lado argentino no había una delimitación clara», aseguró Virginia Cornejo, directora Nacional de Vigilancia y Control de Fronteras del Ministerio de Seguridad, en diálogo con ese medio.
Efectivos de fuerzas federales se desplegaron en Aguas Blancas desde diciembre pasado, a fin de reforzar el control en la zona.
La idea del Ministerio de Seguridad es obligar a las personas a tener que pasar sí o sí por la oficina de Migraciones.
«El alambrado se colocará dentro del murallón preventivo que se utiliza cuando el río Bermejo crece. La idea es delimitar claramente el acceso a migraciones para evitar que la gente pase por otros lugares sin control», resaltó el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán.
La obra será financiada por la provincia de Salta, con supervisión de Nación, luego de constatarse que muchas personas cruzaban de forma ilegal.
«Es un punto al que la gente llegaba, era un punto de reunión, de encuentro, ya sea por taxi, colectivo, por lo que sea, y de ahí saltaban un muro, que es de protección por las inundaciones que genera el Bermejo, y la gente salía caminando e iba para las chalanas, o sea, del puesto de Migraciones, 200 metros antes, la gente saltaba hacia el río», comentó Zigarán en declaraciones al medio Nuevo Diario de Salta.
La respuesta de Bolivia
El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia anunció en un comunicado que pedirá “a través de los canales diplomáticos la información sobre este tema para emprender las acciones que correspondan” y ratificó: “Bolivia continuará apoyando el diálogo constructivo como la vía para solucionar los asuntos de común interés”.
El ministro de Justicia de Bolivia, César Siles, dijo que esta medida “iría en contra de los tratados internacionales” y reclamó: “Tanto Naciones Unidas y la Organizaciones de Estados Americanos deberían conminar estas determinaciones, esperamos que solo sea un anuncio y no algo real. Esperemos que el presidente Javier Milei pueda reflexionar”.
