Mientras en el Senado se debate el DNU de desregulación económica promovido por el presente Javier Milei a finales de diciembre pasado, ya comenzó a circular el texto de la nueva Ley Ómnibus. Según consigna la periodista del medio Ámbito Financiero, Liliana Franco, la nueva ley será enviada a los gobernadores y al Congreso para su aprobación, luego de que la primera versión fuese rechazada, significando la primer gran derrota del gobierno.
El nuevo texto es una nueva versión de la iniciativa, aunque algo más corta: 269 artículos, a diferencia de los 664 de la original.
El Gobierno propone promover un paquete de alivio fiscal que incluye una Moratoria Impositiva, la Modificación a los Impuestos Internos al Tabaco, y la Eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas.
También hay capítulos que van desde la Ley de Emergencia, Blanqueo Laboral, Privatizaciones, Desregulación Económica, y cuestión previsional.
En el nuevo proyecto se incluyen la declaración de Emergencia para aspectos administrativos, económicos, financieros y energéticos, pero solo por 1 año.
Otro de los puntos sobre los que se vuelve a insistir es la privatización de empresas públicas, el cual fue uno de los grandes temas de discusión durante el primer intento de aprobar la Ley. Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina (Enarsa) y Radio y Televisión Argentina, mientras que AySA, el Correo Oficial, el Belgrano Cargas, SOFSE (la operadora de trenes metropolitanos), Corredores Viales y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio estarían dentro de la opción «privatización/concesión». En cambio, Nucleoeléctrica Argentina, el Banco Nación y todas las empresas del Grupo Nación y la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ArSat) «sólo podrán ser privatizadas parcialmente debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias».
Así mismo, el gobierno insistirá en avanzar con una reforma del Estado con la consigna de liberar de su peso a los ciudadanos. En esa línea, un capítulo planteará artículos referidos a que el Parlamento le delegue al Gobierno las herramientas para poder reorganizar; fusionar, transformar, y/o disolver parcial o totalmente órganos u organismos de la administración central o descentralizada creados por ley o norma de rango equivalente (se excluye a las Universidades, CONICET e INTA).
Otro de los temas más candentes en la primera discusión sobre la ley fueron los Fondos Fiduciarios, los cuales también son abordados por el nuevo proyecto. De hecho, este punto fue el que llevó a que el presidente Javier Milei tomara en su momento la decisión de retirar el proyecto, tras la derrota durante su tratamiento en la Cámara de Diputados. El nuevo proyecto apunta a que el Ejecutivo pueda modificarlos, disolverlos o determinar la extinción de fideicomisos públicos y que los fondos pasen al Tesoro Nacional hasta la sanción de la próxima ley de Presupuesto.
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El borrador de la ley ya fue enviado a los gobernadores, luego de la asistencia (casi) perfecta que se logró en el encuentro en Casa Rosada el viernes pasado.
Así mismo, el nuevo proyecto de ley establece la obligatoriedad del “descuento del proporcional de haberes por los días en los que el empleado haya decidido hacer uso de su derecho de huelga”, algo que, cabe pensar, profundizara la tensión con los sindicatos en caso de aprobarse o incluso durante su tratamiento.
En cuanto a la cuestión previsional, el texto plantea que los haberes previsionales se actualicen mensualmente de acuerdo con las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC.
El proyecto también propone la fusión del ENRE y el ENARGAS para crear el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad. También la creación de la Agencia de Mercados y Competencia.
El texto también propone avanzar con la “derogación o modificación de regulaciones sobre la actividad económica privada que importen un incremento de sus costos, limiten el ejercicio de la autonomía de la voluntad o provoquen la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente».
Por separado, la Casa Rosada mandó a los gobernadores el “Proyecto de Ley de Medidas Fiscales” con la creación del Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social; el régimen de Regularización de Activos; la modificación del Impuesto sobre los Bienes Personales e Impuestos Internos.
También se eliminaría el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas, la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, la modificación del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y la creación del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor.
