El Gobierno envió al Congreso el proyecto de Ley de Hojarasca para que sea discutido. Dicho proyecto tiene como objetivo “derogar costos inútiles para los contribuyentes y normas que afectaron las libertades individuales”. La iniciativa buscaría eliminar 70 leyes, que fueron sancionadas a lo largo de 16 gobiernos. Desde la perspectiva oficialista, la ley es un intento promover la seguridad jurídica y remueve obstáculos para el desarrollo personal y conjunto del país, partiendo del principio de que todo aquello que está permitido por la Constitución Nacional no necesita leyes específicas. Además,desde el Ejecutivo sostienen que muchas leyes representan “gastos innecesarios para los contribuyentes a través de la creación de organismos como la Federación Argentina de Municipios, entre otros”.

Las claves de los cambios

El Ejecutivo mencionó las seis claves que se tomaron en consideración para derogar ciertas leyes:

• * Se eliminarán leyes que fueron sustituidas y englobadas por otras más completas y modernas: a modo de ejemplo, no tendría sentido una ley sobre vacunación propia de la viruela, cuando posteriormente se dictó una ley de vacunación.
• * Se eliminarán leyes que fueron superadas por tecnología, el avance del conocimiento o el paso del tiempo: por ejemplo, la ley que autoriza las emisiones de televisión a color cuando hoy vemos imágenes de video en nuestras redes sociales.
• Leyes que limitan la libertad individual. Por ejemplo, la ley que autoriza al Estado a supervisar y prohibir reuniones en lugares privados, la cual es incompatible con la Constitución Nacional.
• Leyes cuya derogación implica avanzar con el programa de desburocratización: eliminación de organismos y normas regulatorias, como la que  obliga a que cualquier producto que tenga un mapa en su etiqueta debe ser aprobado por el Instituto de Cartografía oficial.
• Leyes que ya no tienen razón de ser, porque los organismos o instituciones responsables dejaron de existir en los hechos: el caso del Complejo Portuario de Ultramar en Aguas Profundas, Ediciones Culturales Argentinas y el plan de aprovechamiento energético de las mareas, entre otras.
• Leyes que crean organismos para integrantes del Sector Público, solventados con recursos del Estado Nacional.Cuáles son los fundamentos del proyecto

Entre sus fundamentos, el proyecto señala: “Este sistema enfrenta hoy un permanente cuestionamiento, desafía a quienes han asumido las responsabilidades políticas y los compele en la tarea de relevar, revisar y evaluar la normativa vigente, con el objeto de acompañar un proceso de transformación de la sociedad con nuevos paradigmas basados en el reconocimiento de las libertades individuales en nuevos contextos” y agrega: “Como resultado de esta tarea se advierte la necesidad de eliminar toda legislación que no se condice con los tiempos que corren ya sea por su carácter obsoleto, inútil, o por haber sido superado por normativas posteriores, por tratarse de legislación sobre temas de escasa relevancia o trámites inútiles que generan o incrementan costos para los ciudadanos”. Además agrega que “las corrientes ideológicas más intervencionistas, predominantes durante el siglo XX, revirtieron ese paradigma e impusieron la visión de que para la ‘adquisición’ de un derecho era necesaria una ley que otorgara ese derecho” y que esto llevó a “abusos y arbitrariedades”. 

El proyecto denuncia que debido a esto se instala una lógica en la que se presume que todo está prohibido, salvo lo que está expresamente permitido, a pesar de que el  artículo 19 de la Constitución Nacional establece que “…ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”, desprendiéndose de los artículos 28 y 33 que para los individuos, todo está permitido, salvo lo expresamente prohibido. El proyecto establece que “debe regir un principio de máxima libertad y no de máximo control” y que muchas de las normas que se proponen derogar provienen de una “concepción militar”, que encuentra en “la sobrerregulación un orden que se busca como fin en sí mismo, aun cuando ello implica destruir la libertad, la actividad económica e incluso la vida misma”.

Lo cual es verdad: en su mayoría estas leyes fueron sancionadas durante gobiernos militares como el de Agustín Lanusse, Juan Carlos Onganía, Jorge Rafael Videla, Reynaldo Bignone, Edelmiro Farrell y José Uriburu. Aunque también hay normativas sancionadas bajo gobiernos elegidos por el pueblo como la de Arturo Frondizi, Raúl Alfonsín, Arturo Illía, Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner, Héctor Cámpora y Juan Domingo Perón.

Desde el Ministerio de Desregulación, a cargo del ministro Federico Sturzenegger, aseguran que el gobierno, entre las leyes que busca derogar, “se busca fomentar actividades, como el cine, con acciones que implican cobrarle impuestos a esa actividad. En otras, como el teatro, se imponen prohibiciones que, lejos de proteger a la actividad, estorban y dificultan su adaptación”.