En Casa Rosada prevén que en los próximos días se conocerá el contenido del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que el gobierno del presidente Javier Milei impulsará para reformar la economía. El objetivo sería avanzar en desregulaciones que incluirían una reforma laboral para favorecer la “generación de empleo”. Según informó recientemente el medio Infobae, el DNU habría sido hecho por especialistas de La Libertad Avanza y revisado por el secretario de Trabajo, Omar Yasín y Federico Sturzenegger, el ex presidente del Banco Central del gobierno de Cambiemos.

La reforma laboral incluida en el DNU incluiría una reducción de las multas laborales por trabajo no registrado o mal registrado, que tendrá como objetivo beneficiar a las pymes y favorecer la contratación de empleados.

También tendrá como eje la habilitación para crear un sistema indemnizatorio similar al Fondo de Cese Laboral de la UOCRA. El mismo será voluntario y deberá negociarse en los convenios colectivos.
Otro punto será la extensión del período de prueba de los trabajadores: el mismo pasará de 3 a 8 meses.
Así mismo, el DNU modificará los intereses por indemnizaciones, para lo cual se utilizará lo que marque el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% y se excluirán de la base de cálculo rubros como sumas no remunerativas, teléfono celular, premios o los bonos anuales, y la incorporación de la figura de “trabajador independiente con colaboradores”. Esto buscará que emprendedores o monotributistas puedan contratar personal, con aportes a la seguridad social y ART.

Se buscaría, además, avanzar sobre un «sistema de seguro por despido o fondo de desempleo«, que tendrá el formato de un «sistema de mochila», similar al austríaco. Se trata de unas cuentas individuales en las que el trabajador acumula fondos de cara a un futuro despido o jubilación, pero aquí sería únicamente para desempleo y de «aceptación voluntaria«.

Del mismo modo avanzaría sobre lo que tal vez sea uno de los puntos más polémicos: la regulación del derecho de huelga mediante la incorporación de educación y transporte entre los servicios esenciales, con el mantenimiento del 50% de la actividad normal, y la inclusión de los bloqueos sindicales como causal de despido. Con la medida se buscaría avanzar en desalentar protestas y cortes de acceso a fábricas.

Eso sí, no se impulsaría ninguna limitación de los mandatos sindicales que implique prohibir la reelección perpetua ni tampoco la instrumentación del voto electrónico en las elecciones gremiales para hacerlas más transparentes. Con esto, Milei esquiva una de sus promesas de campaña, la de la democratización de los sindicatos.