Un grupo de legisladores de la Coalición Cívica (CC) en la Legislatura porteña denunció penalmente al presidente Javier Milei, al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y al presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, alegando que no se restituyo la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, aun a pesar de un fallo de la Corte Suprema de Justicia según el cual se debía girar el 2,95% de los fondos.
Los legisladores son Facundo del Gaiso, María Cecilia Ferrero y Hernán Reyes, y su presentación es una actualización ante una denuncia que habían hecho en diciembre de 2022 contra la administración del entonces presidente Alberto Fernández.
La causa está en manos del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº6, a cargo del juez Ariel Lijo, el mismo juez que el gobierno intenta promover para ocupar una vacante en el Máximo Tribunal.
En el documento se sostiene que “El 10 de diciembre de 2023 se produjo un cambio de gobierno en nuestro país, sin embargo, a la fecha, las autoridades nacionales siguen incumplimiento lo ordenado por la Corte Suprema”, en referencia al fallo del 21 de diciembre de 2022, donde se ordenaba la reasignación de fondos que Nación había quitado por decreto en 2020, por decisión de Fernández.
Además, los legisladores citaron en el texto las declaraciones del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, quien en el programa Huevos Revueltos (Radio Con Vos), expresó que el gobierno “todavía debe” los fondos correspondientes a la masa de impuestos coparticipables.
En esa línea, Macri manifestó: “Respecto de mi relación con el Gobierno nacional es buena pero todavía nos debe en la coparticipación, yo creo que va siendo hora. Ya está asentado, pasaron también seis meses para ellos y hay un fallo de la Corte y me parece sería bueno que le empiecen a pagar a los porteños la plata que le corresponde por fallo de la Corte” y agregó: “Falta que se efectivice en un acuerdo concreto que empiece a resolver ese problema. Es un tema porque es mucha plata para la Ciudad y en este grado de crisis la Ciudad se hace cargo de muchas cosas” en referencia a la reducción de 3,5% a 2,32% del coeficiente de fondos que hizo la gestión del entonces Frente de Todos (Unión por la Patria).
Debido a esto, los fiscales solicitaron que se investigue al líder de La Libertad Avanza, su ministro de Economía, al titular del Banco Nación Daniel Tillard y “a todo otro posible coautor o partícipe que haya tomado parte en la posible comisión de delitos de acción pública” conforme los hechos y los que surjan de la investigación en curso.
Coparticipación de CABA: cronología de un conflicto
El conflicto comenzó cuando en 2016 el ex presidente Mauricio Macri elevó por decreto el monto federal de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires de 1,4% a 3,75% debido al traspaso de una parte de los agentes de la Policía Federal Argentina a la órbita porteña.
La Ciudad comenzó a hacerse cargo de la Seguridad en su jurisdicción, y el coeficiente se terminó corrigiendo en 2018 con la firma del Pacto Fiscal, quedando en 3,5% hasta 2020.
Sin embargo, ya con la pandemia covid 19 haciendo estragos, el entonces presidente Alberto Fernández decidió reducir ese coeficiente a 2,32%, en un contexto de fuertes protestas salariales entre el gobierno bonaerense y la policía de dicho lugar. Sumado eso, Fernández estableció que una vez que el Congreso aprobara la transferencia total de las funciones de Seguridad a la Ciudad, el coeficiente de la masa impositiva volvería nuevamente a 1,4% para la Ciudad.
Frente a esto, desde el gobierno porteño realizaron una presentación al Máximo Tribunal solicitando que se declarara inconstitucional el decreto de Fernández y se restableciera el coeficiente del 3,5%.
Para el Frente de Todos, el gobierno de Macri se excedió en el envío de fondos a la Capital Federal y en 2020 se aprobó una ley en el Congreso para que se regresara al 1,4% que existía hasta 2015.
Hacia finales de 2022 la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires, y dictó una cautelar para que se le entregue un 2,95% de los fondos, monto que representa un número menor de lo que pedía el distrito pero mayor de lo que había estipulado la Nación.
Los jueces argumentaron que la autonomía financiera de CABA aún dista de haberse concretado y consideraron que las trasferencias de competencias, servicios o funciones son procesos que deben ser concertados en conjunto entre Estado Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, no del modo unilateral que hasta ahora se vienen dando.
