Una serie de escándalos judiciales sacuden a dos estructuras neurálgicas del Estado bonaerense: la Cámara de Diputados provincial y el Ministerio de Transporte. En ambos casos, los principales acusados están ligados política o funcionalmente al Frente Renovador, lo que reaviva las tensiones dentro del oficialismo peronista de cara al armado de listas para las elecciones legislativas de 2025.
La primera causa es la que involucra a Julio “Chocolate” Rigau y a los exfuncionarios Claudio y Facundo Albini, acusados de formar parte de una asociación ilícita que desvió fondos millonarios mediante el cobro de sueldos de empleados ficticios en la Legislatura. La segunda tiene como principal imputado a Jorge D’Onofrio, exministro de Transporte de Axel Kicillof, señalado por fraudes sistemáticos vinculados a las fotomultas, concesiones de la VTV y lavado de activos en una causa federal. Ambas investigaciones avanzan a ritmo sostenido y amenazan con escalar hacia dirigentes de mayor jerarquía.
Caso “Chocolate” Rigau: desvío millonario en la Legislatura
La fiscal Betina Lacki solicitó la elevación a juicio oral de la causa que involucra a “Chocolate” Rigau, puntero político del Frente Renovador en La Plata, y a Claudio y Facundo Albini, exsubdirector de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense y exconcejal platense, respectivamente. Están acusados de integrar una asociación ilícita que habría desviado al menos $800 millones mediante el cobro de sueldos de empleados "ñoquis" de la Legislatura provincial.
Rigau fue detenido el 9 de septiembre de 2023 mientras retiraba dinero de 48 tarjetas de débito pertenecientes a supuestos empleados legislativos. Las investigaciones revelaron que Rigau recibía $200.000 mensuales por realizar estas extracciones, entregando parte del dinero a los Albini, considerados sus superiores en el esquema.
La Cámara de Apelaciones de La Plata revocó la prisión domiciliaria de Claudio y Facundo Albini, destacando su rol jerárquico en la organización y el riesgo de obstrucción de la justicia. Ambos permanecen detenidos con prisión preventiva. Rigau también está privado de su libertad, pero bajo la figura de arresto domiciliario que obtuvo en 24 horas.
Estafas con fotomultas: imputación al exministro
El fiscal Álvaro Garganta imputó al exministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, por delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y enriquecimiento ilícito. La investigación señala tres maniobras principales:
Reducción ilegal de multas de tránsito mediante gestores que ofrecían descuentos del 50% a deudores, con la connivencia de funcionarios y jueces de faltas.
Adjudicación irregular de concesiones para la Verificación Técnica Vehicular (VTV) a empresas que debían contratar a una firma vinculada a funcionarios del Ministerio de Transporte, recibiendo comisiones del 8,5% por cada pago.
Contratación de la empresa CECAITRA para la instalación de cinemómetros sin la correspondiente autorización legal, facturando de manera irregular las infracciones de tránsito.
D’Onofrio también es investigado por lavado de dinero en una causa federal a cargo del juez Adrián González Charvay, donde se allanaron financieras y se incautaron sumas millonarias en efectivo y divisas.
Impacto político en Unión por la Patria
Estas causas judiciales se desarrollan en un contexto de intensa interna dentro de Unión por la Patria, donde el Frente Renovador busca mantener su influencia en las listas legislativas. La imputación de figuras cercanas a Sergio Massa y la exposición de mecanismos de corrupción en áreas clave del gobierno provincial podrían debilitar la posición del Frente Renovador frente a otros sectores del oficialismo.
El avance de estas investigaciones y la proximidad del cierre de listas generan incertidumbre en el panorama político bonaerense, donde la transparencia y la integridad de los candidatos serán temas centrales en la campaña electoral.
La resolución de estos casos y su repercusión en la opinión pública podrían redefinir las alianzas y estrategias dentro de Unión por la Patria, marcando un punto de inflexión en la política provincial.
