En ese sentido, el documento tilda a la determinación de “arbitraria”: “Buscó artilugios que le permitieran llevar adelante una decisión que estaba tomada de antemano, esto es, revocar los derechos en cabeza de la Dra. Cristina Kirchner”, aclaró.

Por otro lado, “no se dio cumplimiento al requisito de permitir la defensa del administrado”, y se añadió: “Si bien la administración argumentó que correspondía suspender la ejecución de un acto administrativo, no explicó los motivos por los cuales dichos argumentos le permiten también quebrantar una ley nacional”.

“No es una facultad ni del área jurídica ni de esa administración, arrogarse la jurisdicción y competencia que, los artículos 15 y 36 de la Ley 24.241 no le otorgan a esa administración. Por tal razón, la resolución impugnada es nula, de nulidad insanable”, se expresa.

Así mismo, los abogados de Cristina aseguraron que “resulta imposible separar el dictado de la resolución de ANSES del persecutorio proceso de hostigamiento que sufre la Dra. Fernández de Kirchner, que viene desplegándose desde diciembre del 2015 y que motivó la revocación de su beneficio de asignación mensual vitalicia”.

“La resolución impugnada debe ubicarse como un acto más de persecución con fines de venganza, hostigamiento y partidismo”, señala más adelante el texto.

A su vez, el abogado de cabecera de CFK dijo: “Como queda palmariamente claro, para la Procuradora ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la única causal para no tener derecho al beneficio es la destitución mediante el juicio político, durante el ejercicio de la función pública”. Y cerró: “La interpretación maliciosa realizada por esta administración que pretende fundarse en su dictamen, es absolutamente contraria a derecho”.