La ex jueza de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, Aída Kemelmajer de Carlucci y el ex presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), Marcelo Gallo Tagle rechazaron las modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación y la ratificación del traspaso de la justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires. Todos puntos promovidos por la Ley Ómnibus que el gobierno de Javier Milei busca aprobar. 

Los juristas expusieron sus puntos de vista en el plenario de las comisiones de la Cámara de Diputados donde se discute la ley. 

Kemelmajer de Carlucci, especialista en derecho civil, expuso en representación del Instituto Argentino del Derecho del Consumidor, y también de un centenar de profesores universitarios que firmaron una carta abierta. De Carlucci cuestionó las modificaciones que el proyecto le hace a varios artículos del Código Civil y Comercial de los cuáles se eliminan las referencias a la moral, las buenas costumbres y el orden público en materia contractual.

La jurista argumentó: “Las reformas propuestas al Código no tienen ninguna relación con el déficit del Estado, ni con la inflación, ni con la economía desregulada, ni con la libertad y mucho menos con lo que el pueblo votó, a quien nunca se le dijo en campaña que se reformaría el Código Civil y Comercial”.

Así mismo, De Carlucci argumentó que “el proyecto de ley contradice la sistemática del Código Civil y Comercial de la Nación, incentivando un foco de conflicto interpretativo con la consecuente inseguridad jurídica que acarrea su reinterpretación por parte de operadores que son jurídicos y no jurídicos y, consecuentemente, el perjuicio que esto le causa a las destinatarias y destinatarios de las normas; es decir, a todas las personas que están en el territorio argentino”.

Además, señaló que si bien los articulos referidos a la moral, las buenas costumbres y el órden público se quitan de varios articulos, en otros se mantienen, lo cual consideró como una contradicción. 

“Supongamos que estamos de acuerdo que se suprime la palabra moral, aunque esa palabra también está en la Constitución Nacional. Pero hay un artículo en el Código, que es el 12 que habla del fraude a la ley y que dice que las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público. Entonces ¿cómo dejo el artículo 12 que habla del orden público y saco el artículo 1014 que habla del orden público? Estos ejemplos son suficientes para mostrar el peligro de reformar sin un estudio sistémico del Código”, declaró De Carlucci. 

Sobre el divorcio administrativo, señaló: “Supongamos que estamos de acuerdo con que el que me casó, me divorcia. Pero la reforma no solo no habla de los bienes y de los niños sino que dice que el divorcio se produce por la comunicación que hacen los cónyuges, ni siquiera me exige la registración. Y tengo artículos en el código que regulan figuras tan importantes como las prestaciones compensatorias que el plazo para demandar comienza a partir de la sentencia de divorcio”.

Desde el punto de vista de De Carlucci “el Código Civil y Comercial se puede tocar” pero es necesario un estudio integral y que el tema se trate en sesiones ordinarias en la comisión de Legislación de la Cámara de Diputados.

En tanto, Gallo Tagle expuso sobre el artículo 349 del proyecto que establece que el gobierno impulsará “todos los actos y suscribir los acuerdos que sean necesarios para que se efectivice” el traspaso de la justicia nacional a la órbita de la ciudad de Buenos Aires. El jurista rechazó la propuesta a la que calificó de “inconstitucional”.

“El Estado se integra con el gobierno federal y los provinciales. La ciudad de Buenos Aires, si bien es calificada como gobierno autónomo, carece de una verdadera autonomía institucional. Su personalidad jurídica y política no emana de un poder originario y propio sino que es producto de la voluntad de un ente superior, la nación argentina expresada en la Constitución”, explicó.

Además, el magistrado objetó que la crítica al traspaso sea la defensa de un interés corporativo: “Lo que se defiende es el respeto de la independencia del Poder Judicial, de la división de poderes, objetivos que redundan en los beneficios a los ciudadanos de tener jueces independientes, probos y con capacidad para defender sus decisiones”. Además, opinó que “no parece que la ciudadanía hoy esté preocupada por un tema como el traspaso” y que “no hay plata para hacer este trabajo”. 

“Hoy la justicia nacional funciona con el aporte de las provincias. Al hacerse el traslado ¿se hace con esas partidas provinciales? Claramente no creo que sea así. En 2016, cuando había uniformidad en el signo político de la ciudad, la provincia y la nación, se intentó y tampoco se logró por una razón: lo que nace mal difícilmente pueda concluir en éxito”, señaló.