El gobierno nacional publicó la reglamentación de parte de la Reforma del Estado, basada en la Ley de Bases. Este texto se divide en cuatro capítulos: Reorganización Administrativa; Privatización; Procedimientos Administrativos; y Empleo Público, y en esta primera etapa el Ejecutivo estableció la normativa vinculada al segundo título, el cual contempla cambios en el sistema de empleo público, procesos administrativos y privatizaciones de empresas públicas, las cuales podrán ser privatizadas de forma total, parcial, o dadas en consignación.
Las empresas públicas que podrán estar sujetas a todos estos cambios son ocho, y son:
Energía Argentina (ENARSA)
Intercargo
AySA
Belgrano Cargas
Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE)
Corredores Viales
Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA)
Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT)
Esta mañana, en declaraciones a medios, el ministro de Desregulñación, Federico Sturzenegger, afirmó: “El Congreso ha sido generoso en las delegaciones, ya que le permite al Estado adecuar en tamaño, fusionar o centralizar cualquier órgano de la administración pública. También lo faculta a cerrar cualquier organismo del Estado si no está en una lista de excluidos” y aseguró que estos cambios que impulsa el gobierno “permitirán una amplia reestructuración del Estado que se materializará a través de una serie de Decretos Delegados”. “El primero, que cierra definitivamente, el INADI, estará publicado brevemente luego de esta reglamentación”, aseguró.
El gobierno aceptó eliminar del proyecto de Ley Bases empresas como Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA (Radio y Televisión Argentina).
Cómo deben ser los procedimientos en un proceso de privatización
Según el texto publicado en el Boletín Oficial, el proceso de privatización se inicia con un informe detallado que el Ministro o Secretario de la Presidencia de la Nación, en cuya jurisdicción se encuentre la empresa o sociedad a privatizar deberá presentar al Poder Ejecutivo Nacional.
Este informe debe incluir detalles como el carácter total o parcial de la privatización propuesta y el procedimiento de selección y los plazos que se estiman para cada etapa.
Además, se debe enviar una copia de este informe a la Comisión Bicameral creada en el ámbito del Congreso de la Nación para avanzar con el proceso.
La convocatoria para presentar ofertas en los procedimientos de selección de la privatización debe publicarse en el Boletín Oficial durante un período de siete días, y la última publicación debe realizarse al menos treinta días antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. También debe utilizarse para el llamado el sitio web de la autoridad de aplicación desde el inicio de la publicación en el Boletín Oficial.
En el caso de los procedimientos internacionales, se requiere publicación en al menos un sitio web accesible para interesados extranjeros durante tres días, con al menos 45 días de antelación a la fecha de presentación de ofertas.
En caso de que la tasación sea realizada por entidades privadas, nacionales o extranjeras, deberán contar con una trayectoria reconocible.
Además se debe realizar un inventario de bienes en conjunto con la Agencia de Administración de Bienes del Estado y antes de que se formalicen los contratos será obligatoria la intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación y la Sindicatura General de la Nación.
Una vez efectuada la privatización, la Autoridad de Aplicación deberá remitir las actuaciones correspondientes a la Auditoría General de la Nación para un examen final para garantizar la transparencia del proceso.
