El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, decidió suspender el giro de fondos que se destinó a varios organismos de Derechos Humanos, que gastavan más de $3.000 millones anuales sin que existiera una debida fiscalización. A través de su cuenta de X, el funcionario anunció: "iniciar una auditoría y suspender todos los pagos hasta que no haya una rendición transparente de cuentas".
Este recorte afectó a 13 organismos de dicha área, además de la gestión del predio de la ex ESMA. Cúneo Libarona expresó que se trató de un gran ahorro al señalar: "Cortamos otra caja millonaria en Derechos Humanos. Los organismos administraban un fondo sin control de $3.359.732.866 anuales para mantener el predio de la ex ESMA: solo para cortar el pasto gastaban $16.000.000 por mes".
La medida se encuadró dentro de las políticas de ajuste del gasto público del gobierno de Javier Milei, sobre todo en un ambiente de creciente tensión con estos organismos, que generalmente se alinearon con el kirchnerismo y partidos de izquierda.
Por otra parte, durante el año pasado, el ministerio a cargo de Cúneo Libarona disminuyó su planta de personal en un 37 por ciento, lo que resultó en un ahorro mensual estimado de 820 millones de pesos.
En enero, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, expresó su preocupación por las acciones del gobierno de Milei, mencionando que pareció haber una intención de "cerrar la ex ESMA", especialmente tras los despidos en el Centro Cultural Haroldo Conti y el Archivo General de la Memoria, que se encontraron en ese mismo predio.
