La Fundación Apolo presentó este lunes una denuncia contra la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, acusándola de haber recibido -presuntamente- beneficios previsionales de manera indebida. Según la organización, su accionar habría aumentado sus ingresos jubilatorios, lo que llevaría a una defraudación de la administración pública.
La denuncia fue presentada por el legislador porteño Yamil Santoro, el abogado José Magioncalda y el letrado Ignacio Falcón. Este nuevo señalamiento se produce apenas diez días después de que el Gobierno libertario anunciara la eliminación de la jubilación de privilegio de Cristina, tras la condena en su contra por la causa Vialidad. Hasta ese momento, la exmandataria percibía 21.827.624 pesos mensuales.
En este contexto, la presentación sostiene que la exmandataria cometió un delito de «defraudación contra la administración pública», contemplado en los artículos 172 y 174 del Código Penal. El motivo de la acusación es que Cristina Kirchner habría declarado su domicilio en Río Gallegos, Santa Cruz, a pesar de vivir en la Ciudad de Buenos Aires.
Como resultado, habría recibido un suplemento adicional en su asignación vitalicia, destinado a los habitantes de la «zona austral», lo cual no le correspondía.
Este suplemento habría incrementado en 6 millones de pesos la jubilación de privilegio de la exmandataria, hasta que el Gobierno suspendió el beneficio. La denuncia también señala a funcionarios de la ANSES que, según la Fundación Apolo, habrían facilitado la entrega de este suplemento, acusándolos de “malversación de caudales públicos” por su posible negligencia en la gestión de estos fondos.
Desde la fundación buscan que la justicia investigue si estos actos constituyen un delito doloso contra el Estado y reclamó que se apliquen las sanciones correspondientes. Entre las medidas solicitadas se incluye la devolución de los pagos indebidos y la reparación del daño económico ocasionado al patrimonio público.
