La adjudicación de la cobertura médica de la nueva Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) a la prepaga Medicus abrió una fuerte controversia por presuntas irregularidades en el proceso licitatorio impulsado por el Ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva.

La funcionaria anunció la decisión en una entrevista televisiva, donde calificó a Medicus como un prestador de “alto nivel” y “alta gama”, y sostuvo que la incorporación de la empresa representaba un salto “reputacional” para los integrantes de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval.

Según informo el periodista Tomás Méndez, el expediente EX-2026-28300658 muestra una serie de situaciones que generaron cuestionamientos sobre la transparencia de la licitación destinada a brindar cobertura médica a un universo inicial de aproximadamente 197.000 beneficiarios entre efectivos, retirados y familiares.

La OSFFESEG fue creada este año mediante el DNU 88/2026 con el objetivo de separar al personal de las fuerzas federales de la órbita de IOSFA. En ese marco, el Ministerio de Seguridad convocó a una licitación pública a la que se presentaron tres oferentes: Avalian, la UTE Sanos-Premedic y Medicus.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la comparación económica de las ofertas. Según la documentación presentada inicialmente, la UTE Sanos-Premedic propuso una cápita de $125.200 por afiliado, mientras que Medicus ofertó $133.750.

Posteriormente, la cartera de Seguridad solicitó una nueva cotización a Medicus, que redujo su propuesta a $127.500. Sin embargo, en la tabla comparativa incluida en el dictamen de evaluación ambas ofertas aparecen con el mismo valor, luego de una adecuación aplicada a la propuesta de la UTE competidora para ajustarla a los parámetros establecidos por la Unidad Operativa de Contrataciones.

Las observaciones también alcanzan a la evaluación técnica. En el ítem vinculado a la cantidad de afiliados, Medicus recibió el puntaje máximo al acreditarse 236.898 socios. En cambio, la UTE Sanos-Premedic obtuvo cero puntos en ese rubro.

La empresa presentó posteriormente documentación de la Superintendencia de Servicios de Salud que, según sostuvo, acreditaba 250.215 afiliados. No obstante, la Comisión Evaluadora mantuvo la calificación original. La diferencia final entre ambas propuestas fue de nueve puntos, mientras que el apartado referido a cantidad de afiliados otorgaba hasta 20 unidades.

Deudas y cuestionamientos legales

Otro de los ejes de la controversia está relacionado con la situación de Medicus frente a la Superintendencia de Servicios de Salud. De acuerdo con documentación exhibida en una investigación periodística, la prepaga registra multas firmes y certificados de deuda que superarían los $63 millones.

Entre ellas figuran una sanción de $27.308.650 y otras tres multas de $5.461.730 cada una, además de otros montos menores que derivaron en procesos de ejecución fiscal.

Los cuestionamientos señalan que el Decreto 1023/2001 establece restricciones para la contratación de empresas con deudas exigibles con el Estado. A pesar de ello, la Comisión Evaluadora recomendó adjudicar el servicio a Medicus, que obtuvo una calificación total de 69,91 puntos.

La decisión también generó críticas por la relación histórica de Patricia Bullrich con la prepaga. Según registros de ANSES citados en distintas publicaciones, la exministra y actual senadora figura afiliada a la empresa.