El kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires logró obtener media sanción en la Legislatura para incrementar las indemnizaciones con el fin de encarecer los despidos. Esta medida, presentada por la diputada camporista Maite Alvarado junto a la diputada de extracción sindical Soledad Alonso, recibió un fuerte rechazo de la oposición y críticas del sector empresario, desde donde se alega que la medida desincentiva el crear nuevos puestos de trabajo. Y es que la medida va en línea opuesta con las reformas que el gobierno pretende aplicar a través de la Ley Bases.
La medida fue aprobada por una mayoría amplia en la Cámara de Diputados y enviada al Senado bonaerense, que todavía no fijó fecha. La misma modifica el artículo 48 de la Ley 11.653 de procedimiento laboral y sustituye en los juicios laborales la tasa pasiva que se aplica para calcular los intereses al monto indemnizatorio por la del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y agrega un carga del 6%.
Sin embargo, el conflicto viene dado por el hecho de que la modificación podría implicar que las pymes deban hacerse cargo de indemnizaciones más altas, pudiendo complicarse el acceso de trabajadores a un empleo formal.
Si la medida se aprueba, el artículo 48 quedaría redactado del siguiente modo:
“Dictada la sentencia el Secretario del Tribunal practicará liquidación de capital, intereses y costas, notificando a las partes en la forma ordenada en el articulo 16, bajo apercibimiento de tenerla por consentida si dentro del quinto día no se formularen observaciones, cuyo trámite no interrumpirá el plazo para deducir los recursos correspondientes.
El monto total por el que se condene a la demandada se deberá adecuar de acuerdo a la tasa CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) reglamentada por el BCRA más una tasa pura del 6% anual, en ambos casos, desde la fecha de exigibilidad del crédito hasta la fecha del efectivo pago.”
El proyecto, que obtuvo media sanción en Diputados, ya pasó al Senado sin fecha para su debate o aprobación, pero contaría con la mayoría necesaria para su sanción.
Hace unos días, un duro comunicado del sector empresario salió con dureza a cuestionar la iniciativa, cuestionando que la medida busca aplicar en la provincia de Buenos Aires el sistema porteño que, lejos de promover la creación de empleo formal, aumentó la informalidad y no creó más puestos genuinos.
“El sistema de actualización, que ya se ha utilizado en los juicios laborales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha conllevado a un resultado manifiestamente desproporcionado que prescinde de la realidad económica de las empresas demandadas”, manifestaron en el comunicado firmado por la Cámara Marplatense de Empresas Comerciales y de Servicios (Cameco), la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (Ucip), la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata (Aehg), la Cámara de Empresarios de Balnearios, Restaurantes y afines (Cebra). También criticaron la iniciativa la Cámara de la Recreación, la Cámara Textil de Mar del Plata, la Cámara de Permisionarios del Nuevo Centro Comercial del Puerto, Cámara Prestadores de Salud de la Seguridad Social (Capress) y el Centro de Constructores y Anexos.
