En medio de una creciente controversia, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue nuevamente convocada por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para explicar la retención de cinco millones de kilos de alimentos en depósitos. El pedido surgió esta vez de legisladores de UP, UCR y del bloque de Pichetto, tras denuncias que apuntan a que estos alimentos, destinados a comedores comunitarios, no fueron distribuidos a tiempo.

El diputado Pablo Yedlin, de Unión por la Patria (UP), lidera esta iniciativa y convocó a la comisión para el miércoles a las 17 horas. En este marco, Yedlin subrayó la urgencia de obtener explicaciones claras de la ministra, quien fue espaldada en su cargo por el presidente Javier Milei. La sesión tratará cinco proyectos que demandan la comparecencia de Pettovello para dar informes verbales sobre la situación.

Los proyectos incluyen firmas de diversos sectores políticos. Cuatro de ellos provienen del kirchnerismo, mientras que un pedido de informes es impulsado por cinco miembros de la Unión Cívica Radical (UCR), liderados por Facundo Manes, la socialista Mónica Fein y Natalia De la Sota del bloque Hacemos Coalición Federal, presidido por Miguel Ángel Pichetto.

Yedlin cuenta con la posibilidad de reunir la mayoría necesaria para aprobar estos pedidos, ya que entre los integrantes de la Comisión de Salud se encuentran figuras como Fein y radicales que también exigen explicaciones a Pettovello, como Carla Carrizo y Pablo Juliano, cercano a Manes.

De igual forma, y ante los reiterados pedidos -el senador Martín Lousteau lo hizo la semana anterior para que se presenté en la Cámara Alta y explique qué pasó con los alimentos-, desde La Libertad Avanza (LLA), indicaron que la ministra no tiene intenciones de comparecer en el Congreso en este momento. Pettovello mantiene un perfil bajo desde su asunción, sin ofrecer entrevistas a los medios.

Además de la retención de alimentos, Pettovello enfrenta acusaciones sobre la supuesta retención de 50 camionetas cero kilómetros, adquiridas para asistir a las provincias, y por -al menos- 150 contratos de personas que cobraban sueldos de más de un millón de pesos, sin ir a trabajar. La ministra, sin embargo, mantiene su postura de no responder públicamente a estas denuncias, mientras el Congreso se prepara para una semana de acalorados debates.