Los diputados socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón presentaron un proyecto en la Cámara baja que pone la mira sobre el asesor "estrella" del presidente Javier Milei, Santiago Caputo.
La iniciativa busca regular la actuación de los asesores que se desempeñan en la órbita del Poder Ejecutivo que no están vinculados contractualmente con el Estado, para que estén sujetos a las obligaciones, deberes e incompatibilidades que prevé la ley de Ética Pública.
Entre esas obligaciones figura la de presentar sus declaraciones juradas como cualquier otro funcionario, situación de la que hoy está exceptuado.
Pese a que en su redacción no es mencionado, el objetivo del proyecto tiene nombre y apellido: Santiago Caputo. Se trata del asesor todoterreno y de estrecha confianza de Milei, quien es el principal estratega comunicacional de la gestión libertaria y ubicó funcionarios en cada área estratégica del organigrama del Gobierno, desde Inteligencia, pasando por Salud y Justicia.
"Nos alarma que, según las normativas vigentes, personas en cargos como el de Caputo no estén obligadas a presentar una declaración jurada de bienes, limitando la información pública y favoreciendo la posibilidad de corrupción y tráfico de influencias. Con este proyecto queremos impedir que quienes manejan áreas clave del gobierno puedan actuar sin transparencia ni controles", blanqueó Paulón.
Por su parte, Fein explicó que la propuesta pretende modificar el artículo 1° de ley de Ética Pública para que aquellos asesores que realicen funciones propias del Presidente de la Nación cumplan con "todas las obligaciones que posee el presidente en cuanto a la gestión de intereses, información pública, publicidad de los actos de gobierno y controles por parte del Congreso de la Nación de los actos presidenciales delegados".
El proyecto además establece la obligatoriedad de presentación de declaración jurada de bienes para todos los funcionarios, independientemente de la modalidad de contratación.
"La Oficina Anticorrupción continúa sin modificar la interpretación legal y es fundamental que estos asesores presenten una declaración jurada obligatoria, independientemente de si su cargo es remunerado o no. No podemos aceptar que personas con semejante responsabilidad no rindan cuentas sobre su patrimonio antes, durante y después de su función pública", señalaron los diputados.
