Hoy, a partir de las 11 hs, la Cámara de Diputados debatirá los proyectos de la oposición para establecer una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Luego, por la tarde, a partir de las 14 hs, está convocada una segunda sesión para votar iniciativas sobre el presupuesto universitario y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Sin embargo, este segundo tramo quedará supeditado a la extensión del primero, el cual tendrá muchas horas de debate y es seguro que excederá el horario de las 14.
Unión por la Patria tiene intenciones de dar quórum a la convocatoria que formuló la oposición dialoguista para las 11 hs, pero está exigiendo que se pida una ampliación del temario para tratar también los temas educativos y previsionales. En caso de que esto no ocurra, analizan dar igualmente quórum y pedir al comienzo de la sesión un apartamiento de reglamento para incorporar estos temas. El objetivo es exponer la negativa de las distintas fuerzas a debatir el presupuesto y los salarios docentes, si bien el pedido de apartamiento no tendría ningún efecto práctico: para incorporar proyectos al temario se requiere una mayoría agravada de tres cuartas partes del recinto que la alianza entre el oficialismo y el PRO está en condiciones de bloquear.
Según divulgó la agencia de noticias Noticias Argentinas, fuentes del radicalismo manifestaron que si hay quorum en la primera sesión se discutirá todo el día el tema jubilatorio. “No vemos la necesidad de meter todo el mismo día”, puntualizan.
El conflicto por el presupuesto universitario
Las fuerzas intermedias no quieren verse en la difícil posición de decidir si brindan quórum a la segunda sesión: si lo dan, podrían quedar caratulados como “cómplices” del kirchnerismo, pero si no la dan volverían a quedar en falta con la comunidad educativa a la cual, particularmente el radicalismo, asegura defender como una bandera. Ya quedaron en una posición comprometida cuando el 24 de abril pasado, a instancias de una sesión convocada por UP para tratar el presupuesto universitario, decidieron no bajar a sentarse en sus bancas para dar la discusión y votar. El hecho se dio un día después de la Marcha Federal Universitaria, y luego debieron intentar redimirse con los rectores (muchos de ellos ligados al radicalismo universitario), que le pasaron la factura por no haberse ocupado de ellos en medio de una crisis de asfixia presupuestaria. Esto los obligó a acompañar al kirchnerismo en una maniobra para emplazar a las comisiones de Educación y Presupuesto a que dictaminaran sobre los dos temas en cuestión (universidades y FONID) para obtener el perdón de los rectores.
Si bien luego el Gobierno anunció un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (para aumentar en un 270% los gastos administrativos de funcionamiento de las casas de estudio y hospitales universitarios) se trató de un acuerdo de palabra que aún no se materializó en publicaciones en el Boletín Oficial ni en transferencias.
Sin embargo, aunque se logre la sanción de estos proyectos, tanto en lo que refiere a la movilidad previsional como el presupuesto universitario y el restablecimiento del FONID, sobre todos ellos pesa la sentencia de veto del presidente, Javier Milei, quien aseguró que si la oposición lograba aprobar en ambas cámaras leyes que comprometieran el equilibrio fiscal usaría esta facultad.
Jubilaciones
En cuanto a la primera sesión, pedida por la oposición dialoguista para tratar la movilidad previsional, La Libertad Avanza firmó un dictamen de rechazo y no contribuirá al quórum, sin embargo la sesión está garantizada. Se pondrán en consideración del recinto cinco dictámenes, entre los cuales el de Unión por la Patria es el que se firmó con la mayoría, por lo que se tratará en primer lugar.
La oposición podrá o acompañar en general e introducir modificaciones o pedir cambios en votar en particular. También pueden votar contra el dictamen de UP para que se trate el dictamen de minoría, al cual suscribieron la UCR junto a Hacemos y la Coalición Cívica.
El 15 de mayo pasado, en el plenario de Previsión Social y Presupuesto, UP y la oposición “dialoguista” estuvieron a punto de presentar una propuesta conjunta. En las negociaciones para lograr eso, UP había accedido a rebajar sus pretenciones originales de recomponer inicialmente las remuneraciones en un 30 %, e iba a acompañar a la oposición dialoguista en su reclamó por 20,6 %, correspondiente a lo perdido por los jubilados en el mes de enero. Sin embargo, las negociaciones naufragaron
Con esta fórmula, la jubilación mínima quedaría en 285 mil pesos en el mes de junio, según calculó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Al ajuste mensual por IPC (inflación medida por el INDEC) se sumaría además un aumento anual adicional: en marzo de cada año se establecería un cálculo por el cual se reconocería un aumento del 50% de la variación del RIPTE (variación salarial) por sobre la variación del IPC el año calendario anterior.
El acuerdo entre UP y Hacemos Coalición Federal no fue posible debido a que este último introdujo en el dictamen la obligación de ANSES de cancelar en un plazo máximo de seis meses la totalidad de las deudas que mantiene con las cajas previsionales provinciales así como con los jubilados con sentencias firmes favorables a partir de lo producido de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del organismo. A esto se suma que el dictamen de la oposición moderada elimina los regímenes jubilatorios especiales para presidente y vicepresidente de la Nación. Sin embargo, en un intento de acercar posiciones de cara a la fecha de sesión, el dictamen que presentó Unión por la Patria no fue el original, más ambicioso, sino que respetó los términos del estado de negociación que se había alcanzado con los dialoguistas.
En tanto, La Libertad Avanza firmó un dictamen que reproduce los dispuesto en el decreto 274/24 del Poder Ejecutivo Nacional: ajuste mensual por IPC con impacto a los dos meses y compensación del 12,5%. Con esta fórmula, la jubilación mínima será de 265 mil pesos en junio.
Por el lado del PRO, se firmó un dictamen que incorpora en la fórmula de actualización no solamente el IPC sino un componente vinculado a la variación salarial (RIPTE), y agregan un 8% de recomposición al 12,5% dispuesto por el Gobierno (en total 20,5%) pero dándole al Poder Ejecutivo la posibilidad de liquidar ese adicional a su criterio. También, en ese dictamen se eliminan las jubilaciones de privilegio para presidente y vice, y pone esos cargos en el sistema general.
Por último, el dictamen de minoría del Frente de Izquierda prevé que la jubilación mínima en ningún caso esté por debajo del monto equivalente a la Canasta Básica del Adulto Mayor, y propone una actualización de haberes tomando alternativamente el IPC o el RIPTE, según cuál resulte más favorable, además de asegurar el 82% móvil para todos los jubilados.
