A la lista de cuestionamientos a la postulación del juez federal Ariel Lijo como miembro de la Corte Suprema de Justicia, propuesto por el gobierno de Javier Milei, se suman dos más: uno de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

La Academia, por un lado, exigió candidatos que sean «juristas relevantes e imparciales» que tengan «una acrisolada moral pública», evitando dar nombres. En tanto,  el Colegio de Abogados de CABA remarcó que «existen denuncias» contra el polémico juez federal que «no han merecido trámite alguno».

“La cobertura de cualquier vacante que se produzca en el alto tribunal de la República requiere del nombramiento de juristas relevantes e imparciales, que no solo posean condiciones de idoneidad para el ejercicio de esa alta función que les encomienda el Estado sino, fundamentalmente, una acrisolada moral pública, en el sentido que le atribuye el art. 19 de la C.N. a las acciones privadas de los hombres”, manifestó la entidad de académicos de Derecho, la cual es presidida por Juan Carlos Cassange.

Desde la Academia remarcaron que “la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación implica un acto de suma trascendencia institucional, habida cuenta de la misión que debe cumplir, a fin de preservar la separación de los poderes y resolver los conflictos que se suscitan entre ellos, así como para tutelar la realización efectiva de la justicia, en el ámbito de su competencia constitucional”.

En un texto firmado por Cassange y el secretario de la agrupación Eduardo Sambrizzi, la entidad ubicó la propuesta en el contexto de una grave crisis económica y cultural que vive el país. “Una debacle extraordinaria, que nos retrotrajo a la condición de los países más carenciados de la población mundial”, puntualizaron, y agregaron: “El Poder Judicial no escapa a la decadencia en la que se halla nuestra República y urge recuperar su prestigio, fortaleciendo su independencia e idoneidad, ya que constituye la institución encargada de garantizar la vigencia formal y material del sistema que prescribe nuestra Carta Magna”.

Si bien desde la institución celebraron la “reversión del estatismo» como «un hecho valioso» que «debería adoptarse como política de Estado”, advirtieron: “Estamos convencidos de la necesidad de que todos los cambios legislativos que se propician deben respetar las normas y principios constitucionales que proclaman los postulados del Estado de Derecho vigentes en toda democracia civilizada, comenzando por el principio de legalidad”.

Si bien el Colegio de Abogados de CABA ya se había pronunciado contra la candidatura de Lijo, en esta nueva oportunidad emitieron el reclamo a través de una presentación firmada por su presidente, Alberto Garay la cual fue remitida a la autoridad del máximo tribunal, Horacio Rosatti, en su rol de titular del organismo judicial.

Desde el Colegio resaltaron su «sorpresa» debido a que «existen denuncias contra el Dr. Lijo que no han merecido trámite alguno». «Una de ellas es del año 2023 (expte. 107/2023) y la otra es del año en curso (35/2024)», señalaron. La frase hace referencia a las denuncias que en el pasado hicieron Elisa Carrió y la Coalición Cívica. 

El texto recuerda que la causa que originó Carrió era una «denuncia por asociación ilícita» que «involucraba al juez Lijo, entre otros», y que «según trascendidos, en la investigación se habría ignorado un informe presentado en la causa por la UIF». «En dicho informe se levantarían severas sospechas e inconsistencias patrimoniales del postulante mencionado», detallaron. 

«Es de conocimiento público, una gran cantidad de entidades y agrupaciones de la sociedad civil, entre ellas este Colegio, ha objetado severamente la flamante postulación del mencionado juez por diversas razones», recordaron. En el texto, los abogados solicitaron poder acceder a las causas que involucran al juez y exigen «trámite urgente a las denuncias formuladas contra el mencionado magistrado», mencionando una puntual realizada por ellos mismos. 

«En el año 2016, con la intervención de ese Consejo, este Colegio realizó una auditoría en los tribunales federales a fin de escrutar cómo tramitaban los casos de corrupción que involucraban a funcionarios públicos. Como consecuencia de esa tarea y a pesar de los obstáculos que se interpusieron a nuestra labor, se pudo establecer -entre otras cosas- que el juzgado a cargo del Dr. Ariel Lijo presentaba irregularidades en la tramitación de más de 20 causas», consideraron.

En ese sentido, requirieron «a la luz de las constancias allí existentes, se disponga una auditoría sobre la actuación del juez Julián Ercolini en esa causa» que hace foco en su colega en los tribunales de Comodoro Py.

Estas críticas se suman a una larga lista de cuestionamientos, entre las que se encuentran el del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES) y La Red de Entidades por la Justicia Independiente de Argentina (REJIA).