El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que pedirá el arresto del Javier Milei, junto con el de su hermana y secretaría general de la Presidencia, Karina Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Según informaron, el motivo es por el «robo» de un avión venezolano-iraní que fue retenido en Argentina y posteriormente enviado a Estados Unidos.
Cabe destacar que esta solicitud surge dos semanas después de que el gobierno argentino le presentara al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) un pedido de detención contra el presidente Nicolás Maduro y otros integrantes de su equipo bolivariano. Además, los fiscales Carlos Stornelli y José Agüero Iturbe le pidieron a la Cámara Federal porteña la captura del vicepresidente venezolano, Diosdado Cabello.
El pedido de Tarek William Saab
El fiscal general venezolano dio un discurso en el que explicó que el ministerio público ya designó dos fiscales para que tramiten la «orden de aprehensión». «Una burla para la justicia argentina», manifestó.
De acuerdo a William Saab, la causa se inició por «una averiguación» por el robo del avión venezolano-israelí que retuvieron en argentina en junio de 2022, y enviaron a Estados Unidos en febrero.
Los delitos por los que serán imputados son los de “robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir”.
Por su parte, también reveló que abrió una investigación por crímenes de lesa humanidad en el control de protestas contra el gobierno de Javier Milei, que tildó de «genocidio».
”Hemos decidido designar un fiscal especializado en derechos humanos para que adelante las investigaciones correspondientes», dijo con respecto a Patricia Bullrich y Milei, y agregó: ”Deberán responder ante la justicia. Un Estado puede ejercer la jurisdicción universal”.
A la par de esta nueva investigación, Venezuela tiene otra abierta en la Corte Penal Internacional (CPI), también por crímenes de lesa humanidad que corresponden a los excesos en las manifestaciones opositoras del 2017, en las que murieron más de 100 personas. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro sigue rechazando el proceso.
