El Poder Ejecutivo nacional confirmó la puesta en marcha del Sistema de Articulación de la Política Exterior, una nueva estructura que orbitará bajo la órbita de la Cancillería con la misión de centralizar y coordinar todas las actuaciones estatales asociadas al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y sus espacios marítimos e insulares circundantes.
De acuerdo con el documento oficial, el nuevo mecanismo tendrá como propósito central “implementar mecanismos de información, coordinación y asesoramiento para actividades estatales que puedan afectar la política exterior o los intereses internacionales de la Argentina”.
En este sentido, la Cancillería asumirá la responsabilidad de velar por que toda gestión vinculada a las relaciones internacionales resulte “coherente, compatible y uniforme” con los ejes estratégicos trazados en torno a la cuestión Malvinas.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 10, 2026
Desde la Casa Rosada fundamentaron que la restitución territorial “exige una acción estatal coordinada que integre dimensiones diplomáticas, jurídicas y políticas”, esquema que posibilitará “sostener una postura firme y coherente en el tiempo” a la vez que permita “fortalecer los reclamos de la República Argentina ante la comunidad internacional”.
Asimismo, remarcaron que el objetivo radica en “adoptar las medidas necesarias para defender nuestros legítimos derechos e intereses nacionales”, reafirmando un “compromiso irrenunciable con la recuperación de los territorios usurpados”. El texto suscripto por el jefe de Estado concluye aseverando que “El Gobierno Nacional continuará articulando todos los medios disponibles para fortalecer el accionar coordinado de sus organismos para defender nuestra soberanía”.
La creación de este órgano articulador se suma al paquete de medidas impulsado tras la reciente cadena nacional encabezada por el presidente Javier Milei y su Gabinete, enfocado en endurecer las sanciones contra las empresas que participen en la explotación petrolera ilegítima en la zona.
Entre las resoluciones adoptadas, el Ejecutivo reasignó partidas del Presupuesto nacional por un monto de $217.959 millones —aproximadamente US$142 millones— a la órbita del Ministerio de Defensa, con el fin primario de acelerar las obras de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.
En paralelo, se instruyó a los organismos estatales a notificar a la Cancillería sobre cualquier infracción detectada para tramitar las sanciones correspondientes, y se resolvió exigir declaraciones juradas obligatorias tanto en los registros del sector hidrocarburífero como en el marco del RIGI, con el fin de inhabilitar a las firmas que operen en la plataforma continental sin autorización argentina.
Asimismo, la administración nacional promovió acciones penales contra las firmas Navitas Petroleum, JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas, además de otras compañías acusadas de realizar actividades no autorizadas en la Cuenca Malvinas Norte, junto a procesos dirigidos contra 60 personas físicas y jurídicas.
