El Gobierno Nacional declaró la secreta adquisición de un sistema anti-drones, y justificó la medida por razones de seguridad nacional en un nuevo decreto.
La decisión se confirmó este lunes a través del Decreto 21/2025 publicado en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Javier Milei. De acuerdo a la norma, la decisión del Gobierno fue motivada por la necesidad de manejar las crecientes amenazas que representan los Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), conocidos como “drones civiles”.
Esto último vino en consecuencia del confuso incidente en donde uno de estos drones, que pertenecía a dos ciudadanos rusos, se incendió cerca del Congreso.
En el texto también se menciona la facilidad que representa la adquisición u obtención de uno de estos objetos y al “amplio alcance, facilidad de traslado y simplicidad de uso”.
La norma publicada hoy en el Boletín Oficial menciona que el sistema antidrones permitirá mitigar riesgos asociados al uso indebido de estos aparatos que, en algunos espacios, fueron utilizados con fines ilícitos, como envíos ilegales en unidades penitenciarias, hasta intentos de fuga mediante explosivos o ataques.
“Se pueden resaltar ataques con drones de naturaleza terrorista, deliverys con drones en el ámbito de distintas Unidades Penitenciarias, el uso de este equipamiento con explosivos a efectos de facilitar fugas de personas alojadas en el ámbito de dichas Unidades, entre otros”, explica el texto.
“Con el fin de evitar que se conozcan los dispositivos y la tecnología que se pretende adquirir y, a tales efectos, se recurra a otras tecnologías existentes en el mercado para eludir el correcto funcionamiento de los sistemas que se pretenden adquirir, el Ministerio de Seguridad considera necesario sustanciar la contratación”, resaltó el documento.
Asimismo, mantiene que es menester “entender en la determinación de la organización, doctrina, despliegue, capacitación y equipamiento de la Policía Federal Argentina y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria; e intervenir en dichos aspectos con relación a Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina”.
Esta decisión a la vez incluye la intervención del servicio jurídico de la cartera de Seguridad, para garantizar que la adquisición cumpla con las disposiciones legales correspondientes.
