El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que la administración libertaria denunciará el ataque del ERP contra Humberto Viola y su familia como un "crimen de lesa humanidad". Lo hizo mediante un mensaje grabado en Casa Rosada y de esta forma se desmarcó de la postura de los gobiernos kirchneristas.
El funcionario explicó que la gestión de Javier Milei "decidió entablar diálogo con la familia" de Viola luego de haber revisado los antecedentes del ataque perpetrado el 1° de diciembre de 1974 en Tucumán.
"Llegamos a un acuerdo histórico de solución amistosa, donde se revierte la mirada sesgada e ideologizada de gobiernos anteriores respecto a los trágicos sucesos de las décadas del 70´", agregó el portavoz.
Adorni recordó que en 2008 la Justicia Argentina rechazó la reapertura de la causa "alegando que este atentado no se trató de un delito de lesa humanidad". El fallo fue apelado en 2016 por la viuda del capitán Humberto Viola, María Cristina Picón, quien se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por otro lado, el vocero detalló cómo fue el ataque contra el capitán Viola y su familia, luego de desclasificar los archivos y revisar el caso.
"En este atroz atentado, un grupo de guerrilleros armados con escopetas y ametralladoras, interceptaron el auto en el que viajaba el capitán con su familia: su esposa, María Cristina Picón, embarazada de cinco meses, y sus dos hijas de 5 y 3 años", remarcó.
Y continuó: "Después de una corta balacera, su hija menor fue asesinada. El capitán Viola intentó correr en la dirección opuesta al vehículo para salvaguardar al resto de su familia y fue asesinado por la espalda de un disparo en la cabeza".
Adorni puntualizó que la otra hija de Viola sufrió un disparo en la cabeza, por el cual estuvo en coma cuatro meses y tuvo que ser operada en ocho oportunidades para poder sobrevivir.
Picón, quien no sufrió heridas durante el atentado, finalmente falleció en 2021 y "pasó el resto de sus días pidiendo justicia, dado que tuvo que ver cómo los asesinos de su hija y su esposo fueron liberados hacia finales de la década del 80", relató Adorni.
El Gobierno detalló que los apellidos de los que realizaron el ataque fueron Núñez, Carrizo, Paz y Emperador. "Como si esto fuera poco, las familias de los asesinos cobraron indemnizaciones del Estado de acuerdo a la ley 24.043 por haber estado detenidos durante el estado de sitio", lamentaron.
