En medio de la fuerte tensión que se vive dentro del Ministerio de Capital Humano, el Gobierno decidió, a través del Boletín Oficial, retirar la autorización para funcionar y disolver a 8585 cooperativas y 672 mutuales.
Las primeras han sido objeto de sospecha por el exponencial crecimiento de durante los últimos cuatro años, en los que pasaron de unas 9500 a 23.836, más del doble.
Sobre este total que recibió la gestión de Javier Milei, la decisión deja fuera de operación al 36% de las entidades existentes. Una decisión similar se tomó sobre las mutuales, entre las que están las asociaciones vinculadas a varios sindicatos: dejarán de funcionar 672.
La Resolución 1364/2024 es consecuencia de las instrucciones de sumario que se iniciaron el 25 de marzo de este año, en aquella medida se dispuso que cerca de 11.000 cooperativas se suspenderían.
Las razones son por incumplir los procesos de actualización de datos correspondientes, por omisión de presentar al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) la documentación asamblearia y los estados contables. Por ello se solicitó a las cooperativas a que en 10 días hábiles, se presenten para ejercer su derecho a defensa y regularizarse.
La decisión oficial
Se advierte que “sólo unas pocas cooperativas se presentaron a realizar sus manifestaciones” y que 718 entidades sí enviaron documentación y acreditaron algún tipo de funcionamiento institucional, pero no cumplieron con la actualización nacional de datos, por lo que deberán, en 45 días, realizar algunos trámites para quedar en regla.
“Se verificó que la mayoría de las entidades sumariadas no se han presentado a ejercer tal derecho ni han realizado actos o manifestaciones de alguna manera anuncien, aunque sea en forma tácita, su voluntad de regularizar su situación institucional en cumplimiento de la normativa vigente”, destaca la resolución.
“En razón de las circunstancias descriptas, la gravedad y verosimilitud de las transgresiones constatadas”, se aplicó la sanción de retiro de autorización para funcionar. Según la normativa, esta determinación es causal de disolución de las entidades.
