El Gobierno dispuso la disolución de otros cinco fondos fiduciarios, a partir de una auditoría donde afirmó detectar irregularidades, falta de controles y resultados y mal uso de los recursos. Así lo dispuso mediante  el Decreto 1048/24 publicado este martes en el Boletín Oficial.

Los fondos eliminados son el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE); el Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria; el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata; el Fondo Fiduciario Público denominado Programa de Inversiones Estratégicas (PROINE); y el Fondo Fiduciario denominado Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA (PROICSA).

El Ministerio de Economía, bajo la tutela de Luís Caputo, consideró que estos fondos “registraron un pésimo uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados”, de acuerdo a un informe realizado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que depende Presidencia. Desde el ministerio remarcaron que eran necesarias las disoluciones “con el objetivo de resolver las ineficiencias o desvíos encontrados en desmedro del cuidado que debe preservarse en la asignación y administración de los recursos estatales”.

En el caso del FONDCE, el argumento sobre el cual se apoyaba su cierre fue que “tiene debilidades en la gestión de inversiones y su recupero, falta de manuales operativos y de procedimientos, debilidades en las rendiciones de cuentas y falta de indicadores de gestión”, según se leía en el texto oficial. Fue creado en 2017 con el propósito de financiar emprendimientos, utilizando recursos anuales asignados a través del Presupuesto Nacional o por otras leyes. Desde Economía consideraron que si bien el fondo “partió de una finalidad que podía considerarse loable, su implementación ha mostrado serias deficiencias y una progresiva desvinculación de los resultados esperados con el financiamiento comprometido”. Según señalaron, uno de los principales problemas radica en “el alto nivel de morosidad de las convocatorias reembolsables”, precisando que “al 31 de diciembre de 2023, la morosidad alcanzaba los $70 millones y el 58% de los deudores no había abonado ninguna cuota”. 

Respecto al Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria, desde el Palacio de Hacienda manifestaron que la eliminación del mismo se debió a que “los recursos colocados en el Fondo excedían siempre sus necesidades operativas” y revelaron que “la SIGEN detectó en su auditoría que las bases de datos no estaban actualizadas y sus registros no tenían soporte confiable, lo cual impedía determinar un universo confiable de deudores y la situación vigente”.

En cuanto al PROINE, creado en 2020 dentro de la Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino para invertir en sectores estratégicos para fomentar la generación de empleo y el desarrollo económico. 

“Tras 4 años desde su creación, no se registraron ingresos de bienes fideicomitidos y tampoco se realizaron operaciones fiduciarias”. De esta manera, el Decreto consideró que “ante la falta de funcionamiento, no hay motivos que justifiquen su permanencia”, manifestaron desde el Palacio de Hacienda para justificar el cierre.

También se eliminó el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata por  “múltiples falencias”. Este fondo tenía como objetivo administrar los bienes decomisados en causas judiciales relacionadas con trata y explotación de personas y de su lavado de activos provenientes de dichos delitos. Entre las irregularidades, “se encuentran los incumplimientos del Fiduciario respecto del pago a víctimas de trata, así como de los plazos establecidos para efectuar dichos pagos”, según declararon desde el Palacio de Hacienda, desde donde aclararon que el Ejecutivo “mantendrá los objetivos y finalidades perseguida por la Ley 26.364, y por tanto dispondrá la continuidad y atención a las víctimas de tales delitos, mediante las acciones a financiarse a través de las correspondientes partidas presupuestarias ya destinadas para ese fin y que serán administradas por parte del Ministerio de Justicia, como órgano responsable de tutelar los objetivos previstos en la Ley”.

Por último, también se cerró el PROICSA, creado en 2012 para promover la competitividad de la industria azucarera del NOA (Noroeste Argentino). Desde Economía consideraron que “luego de haber funcionado durante más de una década para atender las acciones que fueron valoradas en su origen, y dado que el financiamiento de la CAF fue agotado hace 4 años, resultó conveniente disolver este Fondo, ahorrando costos y pasando su administración al Ministerio de Economía”.

Y agregaron que “en este caso, se repiten las graves falencias observadas en otros Fondos como ausencia de controles y rendiciones de cuentas que impiden verificar resultados acordes a los objetivos comprometidos” además de subrayar que “también, se mantenía una administración costosa y una discrecionalidad en los créditos o financiamiento otorgados”.