El Gobierno tiene previsto en breve enviar al Congreso los pliegos de 150 jueces para completar juzgados vacantes en momentos en que además negocia con la oposición por los pliegos de los dos nuevos magistrados que promueve para la Corte Suprema de Justicia, que está a punto de quedar con sólo tres miembros ante la inminente jubilación de Juan Carlos Maqueda.

El oficialismo quiere que el juez federal Ariel Lijo y el académico Manuel García Mansilla cubran cargos vacantes en el máximo tribunal, pero hasta el momento eso está trabado por el kirchnerismo. Y el oficialismo está empecinado en que se aprueben los dos postulantes «o ninguno», resistiendo la idea de que le aprueben uno a cambio de dejar caer la candidatura del otro.

En lo que refiere a la cobertura de vacantes de los juzgados federales, se trató de un pedido que hizo el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y a su viceministro, Sebastián Amerio.

En la gestión libertaria sostuvieron que no se puede continuar con esa cantidad de juzgados subrrogados, con jueces «cobrando 50% extra por subrogar juzgados a los que claramente no les dan la misma importancia».

En tanto, los funcionarios del Gobierno insisten en que no explorarán aquella maniobra que intentó Mauricio Macri cuando era presidente de impulsar por decreto sus postulantes para la Corte, en aquella oportunidad con los casos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

«La casta sigue sin querer votar los pliegos porque a ellos no les gusta lo que proponemos», lamentó un integrante del gobierno libertario a periodistas acreditados en Casa Rosada, aunque señaló que seguirán insistiendo en la negociación legislativa.

Los funcionarios ligados al área de Justicia quiere impulsar el tratamiento de los pliegos en noviembre y en ese afán incluso no descarta votarlos en sesiones extraordinarias. Busca cerrar las últimas firmas (necesitan nueve) para llevar las candidaturas al recinto de la Cámara Alta. No obstante, necesitan adhesiones del peronismo y del radicalismo.

La encomendaron la tarea de negociar para juntar las firmas a Amerio, el hombre que ubicó en el Ministerio de Justicia el asesor presidencial Santiago Caputo.