El Gobierno nacional decidió intervenir la empresa estatal Corredores Viales S.A. en la madrugada de hoy, tras revelarse pérdidas considerables y una deuda significativa con proveedores. Este proceso es parte de un plan de reorganización previa a la eventual privatización de la firma. Según el decreto 244/2025, publicado en el Boletín Oficial, la medida cuenta con el respaldo del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La interventora designada para llevar a cabo esta reestructuración es Anastasia María de los Ángeles Adem, quien asume la responsabilidad de la empresa, que opera bajo la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. Según el artículo 6° de la Ley N.º 27.742, la intervención se extenderá por tiempo indefinido. Adem tendrá el mismo poder que el Directorio y su presidente, incluyendo tareas específicas detalladas en el documento oficial.
Entre las obligaciones que deberá cumplir, la interventora llevará a cabo auditorías de gestión, evaluará la situación financiera de la empresa y preparará un plan de acción para su reforma. Este plan, que podría incluir cambios en el estatuto, deberá enviarse al Ministerio de Economía para su revisión y aprobación. Además, también tendrá que revisar la administración de compras y realizar una auditoría integral sobre el estado de los corredores viales.
Las autoridades enfatizaron que la interventora tiene la obligación de informar al Ministerio de Economía sobre cualquier irregularidad encontrada, detallando su impacto económico. "Deberá informar al Ministerio de Economía, con precisión, su significatividad económica y el impacto que ocasiona o ha ocasionado", resaltaron. Asimismo, deberán comunicarse las acciones que se propongan para solucionar las irregularidades detectadas.
Desde el inicio de su gestión, el Gobierno busca optimizar los servicios estatales, especialmente en transporte de pasajeros y carga, considerando que el desarrollo de una red eficiente de caminos, rutas y accesos requiere la participación del sector privado.
En una conferencia de prensa el 14 de febrero, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anticipó la privatización de Corredores Viales, explicando que el fin es que las nuevas concesionarias operen bajo un modelo de peaje. Esto permitirá el desarrollo de infraestructuras a través de inversiones privadas, donde los concesionarios realizarán obras a su riesgo y podrán cobrar peajes a los usuarios.
Adorni reconoció que, aunque la empresa estatal tiene potestad sobre los cobros de peajes, el atraso en las tarifas contribuyó al mal estado de muchos tramos de rutas. “El 45% de la totalidad de la traza que operaba Corredores Viales estaba en un estado malo o crítico”, comentó. Además, la empresa mostró resultados negativos en sus balances de 2023, acumulando una deuda de $142.000 millones y pérdidas de $268.000 millones, pese a haber recibido $301.000 millones del Tesoro Nacional.
Cabe destacar que Corredores Viales estaba en la lista de empresas estatales potencialmente privatizables bajo el artículo 7 de la Ley de Bases. El Gobierno también argumentó que esta compañía duplicaba funciones ya existentes en la Dirección Nacional de Vialidad. Se espera que, una vez identificadas las futuras concesionarias, se establezca una tarifa máxima con un sistema de revisión trimestral conforme a fórmulas basadas en índices del Indec.
