El gobierno de Javier Milei decidió dar marcha atrás con la cesión de más de 25 mil hectáreas ubicadas en la provincia de Mendoza a comunidades mapuches. Las tierras habían sido otorgadas por el kirchnerismo mediante un trámite que estuvo lleno de irregularidades y en medio de las críticas de las autoridades provinciales, que llegaron a presentar un recurso ante la Corte Suprema.
Los predios cedidos por la administración de Alberto Fernández y Cristina Kirchner están ubicados en parajes de los departamentos de San Rafael y Malargüe, y son estratégicos debido a un potencial de desarrollo minero.
“La decisión que se conoce en medio de la reaparición de la violencia en la Patagonia, con incendios intencionales” se formalizó por medio de tres resoluciones firmadas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que encabeza Claudio Avruj, y que fueron publicadas en el Boletín Oficial.
Las resoluciones hicieron lugar al planteo de nulidad propuesto por la provincia de Mendoza y dejó sin efecto el reconocimiento de la ocupación de las tierras por parte de grupos mapuches y que se identificaron como las comunidades Lof El Sosneado, en San Rafael, y Suyai Leufu, en Paraje de Los Molles, en Malargüe. La entrega de tierras se hizo en enero del 2023 y provocó rechazo del gobierno local.
La palabra de la provincia
En un comunicado oficial, Mendoza remarcó la decisión tomada por el INAI y recordó que: “presentó una serie de argumentos en contra de estas resoluciones, alegando que se habían vulnerado derechos provinciales y que no se había consultado de manera adecuada a la Provincia”.
Argumentó también que “Entre los principales argumentos definidos, hace referencia a la autonomía provincial y los derechos de propiedad privada de sus habitantes. Además, se criticó el incumplimiento de la Ley Nacional 26160, que establece la necesidad de consultar a los estados provinciales en estos casos”.
“Es importante señalar que dichos recursos fueron inicialmente presentados por el Ejecutivo provincial ante las autoridades del INAI, y luego, en causas iniciadas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Cabe destacar que, en situaciones similares, en otros lugares del país son los legítimos propietarios de las tierras quienes reclaman por sus derechos, se apuntó.
La vicegobernadora Hebe Casado recalcó que “en 2023 intentaron imponer ilegítimamente el reconocimiento de supuestas ocupaciones ancestrales en Los Molles y El Sosneado” y mencionó “el firme compromiso y la labor de Avruj, actual titular del INAI, cuya gestión permitió la anulación de estas resoluciones, que pretendían reconocer la ocupación de las organizaciones Suyai Leufu y Limay Kurref”.
“Este fallo reafirma principios fundamentales como la propiedad privada, la seguridad jurídica y la autonomía provincial. No permitiremos que decisiones arbitrarias y sin sustento legal los vulneren”, exclamó la funcionaria luego de recuperar las tierras que estaban en manos de grupos mapuches.
