En un hecho político de relevancia institucional, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, encabezaron una comitiva oficial en Ushuaia donde se reunieron con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y la vicegobernadora Mónica Urquiza.
La coincidencia en torno a la proyección soberana quedó reflejada por el propio mandatario provincial: “Argentina tiene que asumir un posicionamiento firme en el Atlántico Sur y sostener decisiones concretas para defender nuestra soberanía”, expresó Melella en la red social X.
Tierra del Fuego tiene un rol estratégico para la Argentina: Malvinas, la Antártida y el Atlántico Sur nos ubican en un lugar geopolítico único.
Junto a @monica_urquiza recibimos en Ushuaia al ministro de Defensa, @CarlosApresti y al ministro de Relaciones Exteriores,… pic.twitter.com/4U4K7KKWy8
— Gustavo Melella (@gustavomelella) September 11, 2026
El gobernador remarcó la ubicación geopolítica determinante de la isla respecto de Malvinas y la Antártida, y subrayó que la obra es “una necesidad que Tierra del Fuego viene impulsando desde hace más de 40 años, junto al desarrollo del Polo Logístico Antártico”.
La presencia de Urquiza añadió volumen diplomático, considerando su participación en junio ante el Comité Especial de Descolonización (C-24) de la ONU. La reunión materializó la reactivación de los trabajos iniciados en 2022 y frenados en el arranque de la gestión de Javier Milei.
En la antesala de la visita, el Ejecutivo reasignó mediante el Boletín Oficial unos USD 142 millones —cerca del 30% de un presupuesto global estimado entre USD 400 y USD 500 millones—, mientras que el Presidente instruyó al ministro Luis Caputo para priorizar la asignación del saldo restante en el Presupuesto 2027 junto a la Base Conjunta Antártica Petrel.
Durante la jornada, la comitiva —integrada por autoridades militares como el almirante Marcelo Dalle Nogare y el almirante Juan Carlos Romay, junto a los legisladores libertarios Miguel Rodríguez, Santiago Pauli, Agustín Coto y Belén Monte de Oca— recorrió el predio y escuchó informes técnicos.
La gira institucional se alineó con un endurecimiento diplomático contra actividades no autorizadas en las islas. El Gobierno anunció sanciones contra 15 firmas internacionales y notificó a 45 personas humanas y jurídicas. A la par, el canciller Quirno y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, formalizaron una denuncia penal contra las empresas Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., alcanzando a sus directivos por explotación extractiva ilegal.
