A casi dos meses de la aprobación de la Ley Bases, el Gobierno de Javier Milei reglamentó su primera parte a través del decreto 695/2024.  Desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, informaron los tres objetivos centrales de esta medida: “Acelerar la motosierra, generar un mecanismo antiñoquis y cambiar los procedimientos administrativos con procesos anticoimas”. 

Entre los aspectos claves que incluye el nuevo decreto se encuentran: facultades delegadas, ley de empleo público, ley de procedimientos administrativos y ley de concesiones. 

«El Congreso le permite al Gobierno adecuar en tamaño, fusionar o centralizar cualquier órgano de la administración pública. También lo faculta a cerrar cualquier organismo del Estado si no está en una lista de excluidos. Además, lo habilita a cambiar las formas societarias de las empresas públicas en base a un mandato que ya estaba en el DNU 70», consta el documento. 

Además, también «autoriza la privatización de un conjunto de empresas, que se suman a las comprendidas por la ley 23.696″. Desde la cartera de Sturzenneger agregaron: “Estos cambios permitirán una amplia reestructuración del Estado que se concretará a través de una serie de decretos delegados».

Por su parte, también informaron que «cierra en forma definitiva el INADI” y que “estará publicado brevemente tras esta reglamentación». 

¿Qué dijeron sobre el mecanismo anti coimas? 

En principio, el mecanismo anticoimas pretende “reducir la capacidad del Estado de apretar o coimear al ciudadano”. 

Con respecto a cómo va a funcionar, explicaron que “ante un pedido de autorización de un privado, si el Estado no se expide en un plazo de tiempo determinado, quien lo solicita queda automáticamente autorizado. De esta manera desaparece el poder arbitrario del funcionario de cajonear un expediente y de pedir coimas». 

Además, este mecanismo «reduce el poder extorsivo del Estado, ya que se permite recurrir judicialmente una multa sin tener que pagarla” y “genera una mayor protección del ciudadano contra las arbitrariedades del Estado». 

Cómo funciona el mecanismo “anti ñoquis”

Por su parte, el Gobierno va a incorporar «un examen objetivo de competencias, que lo deberá rendir cada empleado público que ingrese y su resultado lo determinará una computadora». 

También van a acotar las adscripciones “ya que por fuera del Poder Ejecutivo dejarán de ser remuneradas por el Gobierno Nacional”. 

El empleado que salga de la órbita de la administración federal para pasar a trabajar en otro poder del Estado o un gobierno provincial o municipal dejará de recibir un sueldo del Estado Nacional», agregaron. 

«Además, se reglamenta el proceso de disponibilidad para los empleados. Cuando un organismo o unidad se elimina o si se verifica que está sobredimensionada, el personal puede ser puesto en disponibilidad. Durante este periodo cobrará el sueldo, dependiendo de su antigüedad, con un pago potencial de hasta 12 meses. En estos meses podrá capacitarse”, establecieron. 

Y por último, la cartera a cargo de Federico Sturzenegger agregó: “Si consigue trabajo en el sector privado, la empresa podrá tomar a cuenta los sueldos del Estado y así se generará una oportunidad de reinserción rápida para estos trabajadores en el sector privado formal”.