El Gobierno rechazó la guía publicada por el Reino Unido para respaldar a empresas que desarrollan actividades en las Islas Malvinas y advirtió que profundizará las medidas contra compañías vinculadas con operaciones no autorizadas por la Argentina.
La respuesta oficial se conoció luego de que el gobierno británico difundiera un documento destinado a empresas, proveedores e inversores relacionados con el archipiélago, en el que sostiene que la Argentina no tiene jurisdicción sobre las compañías que operan allí y ofrece respaldo ante eventuales sanciones o reclamos.
Frente a ese planteo, el Ejecutivo ratificó la aplicación de las leyes 26.659 y 26.915, vinculadas con las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina. Según informó la Cancillería, ese marco fue reforzado por el Decreto 868/2026 y permite avanzar contra empresas, inversores y proveedores que intervengan directa o indirectamente en actividades no autorizadas.
— Cancillería Argentina (@Cancilleria_Ar) September 15, 2026
“Ninguna guía gubernamental extranjera ni decisión comercial privada puede situarse por encima del derecho nacional argentino y del derecho internacional”, sostuvo la Cancillería.
El Gobierno también difundió un balance de las acciones implementadas hasta el momento. De acuerdo con el comunicado, fueron enviadas cerca de 180 notas de advertencia y asunción de riesgos a personas físicas y jurídicas de 30 países vinculadas con actividades en las islas.
Además, existen 60 procedimientos administrativos en curso y la Sindicatura General de la Nación presentó tres denuncias penales que alcanzan a 10 empresas y sus directivos. La intención oficial es ampliar las medidas a medida que sean identificados nuevos actores dentro de las cadenas comerciales y financieras relacionadas con las actividades en Malvinas.
Uno de los principales focos de la disputa es Sea Lion, el proyecto petrolero previsto en la Cuenca Malvinas Norte. En ese marco, la Cancillería mencionó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum y volvió a cuestionar las licencias otorgadas para avanzar con la explotación de hidrocarburos.
En paralelo, el Gobierno convocó a los embajadores del Reino Unido, Irlanda del Norte e Israel para transmitirles formalmente sus objeciones. Según la Cancillería, durante esos encuentros se cuestionó el avance de Sea Lion y las licencias, incentivos y contrataciones de proveedores vinculadas al proyecto.
La estrategia oficial apunta también a empresas internacionales que participan de manera indirecta. El Gobierno busca ejercer presión sobre contratistas, financistas, aseguradoras, proveedores e inversores que tengan activos o intereses en otros países.
La Argentina invocó además la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras continúe pendiente una solución a la disputa de soberanía.
El Ejecutivo sostiene que las actividades hidrocarburíferas impulsadas desde las islas generan “efectos futuros potencialmente irreversibles” y comprometen recursos naturales que la Argentina considera propios. Ese argumento forma parte de la estrategia jurídica y diplomática anunciada por Javier Milei.
