En el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la administración de Javier Milei se comprometió a avanzar con la privatización de empresas estatales incluidas en la Ley Bases.
El memorándum firmado con el organismo internacional fija metas claras. Una de las principales: presentar, antes de fin de año, una hoja de ruta para el desprendimiento de varias compañías públicas.
Si bien inicialmente se había pautado que ese plan se diera a conocer en septiembre de 2025, el cronograma se adelantó y ahora el compromiso tiene como fecha límite noviembre de este año, justo después de las elecciones legislativas.
Para ese entonces, el Gobierno deberá publicar un informe detallado sobre las empresas estatales involucradas y un plan de privatización o concesión, a cargo de la flamante Agencia de Transformación de las Empresas Estatales, liderada por Diego Chaer. Además, se deberán establecer directrices que aseguren que todo el proceso sea “eficiente y transparente”.
También se contempla la entrega parcial de acciones de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) y del complejo administrado por Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), aunque en ambos casos el Estado deberá mantener la mayoría accionaria.
Por otro lado, AYSA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales podrían pasar a manos privadas o ser concesionadas.
El FMI valoró que el Ejecutivo ya avanzó en la venta de las acciones de Intercargo, la privatización de Corredores Viales y Belgrano Cargas, y la transformación de YCRT en una sociedad anónima. Además, el decreto para privatizar Energía Argentina ya está listo, según adelantó el medio TN.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue claro durante su exposición en el Congreso: “El Gobierno asumió con la directiva de que el Estado no es empresario. Ese rol puede ser mejor asumido por el sector privado”.
Y apuntó también al eje fiscal de la estrategia: “La decisión de desprenderse de las acciones en poder del sector público se encuentra alineada con el objetivo de déficit cero del Gobierno nacional y la no asignación de recursos federales a empresas privadas, abriendo así la posibilidad de que la empresa continúe la actividad de forma saneada en un marco de economía de mercado”.
Entre las iniciativas ya en marcha, Francos mencionó que se está analizando la incorporación de capital privado a Nucleoeléctrica, y que la Subsecretaría de Transporte Ferroviario trabaja en la elaboración de la documentación para licitar los servicios públicos de transporte ferroviario a nivel nacional e internacional.
Sobre el Correo Argentino, Francos recordó que su privatización está contemplada desde 2004, cuando se creó por decreto con la intención de concesionarlo en 180 días. “Ese plazo se renovó periódicamente, por lo que hoy se podría avanzar con un nuevo proceso de concesión”, explicó.
