El Gobierno nacional inició nuevos procedimientos sancionatorios contra 15 personas y empresas vinculadas a actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas que considera ilegales.
La decisión fue comunicada este martes por la Casa Rosada y se fundamenta en presuntas infracciones al artículo 2° de la Ley N° 26.659. Según el Ejecutivo, los involucrados están “involucrados en el desarrollo ilegítimo de actividades hidrocarburíferas” en la plataforma continental argentina, específicamente en el área correspondiente a las Islas Malvinas.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 8, 2026
“Este avance es un nuevo paso en la misma dirección. La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía. Cada expediente que se abre es una continuación de esa convicción: las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son de todos los argentinos, y nadie podrá disponer de sus recursos sin la autorización de nuestro país”, sostuvo el Gobierno.
Desde la administración de Javier Milei señalaron además que la ampliación de los procedimientos es consecuencia de “un trabajo sostenido de identificación de todos los actores involucrados” y anticiparon que “seguirá avanzando” con nuevos sumarios.
La ofensiva oficial forma parte del paquete de medidas anunciado por Milei durante la cadena nacional del jueves, orientado a impedir el avance del proyecto petrolero Sea Lion. La iniciativa es operada por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, compañías que cuentan con licencias otorgadas por las autoridades de las islas, las cuales no son reconocidas por la Argentina.
En paralelo, el canciller Pablo Quirno había presentado una denuncia penal contra cinco compañías: Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. El Gobierno las acusa de operar mediante licencias que considera ilegítimas.
“El Estado argentino reafirma su compromiso de agotar todas las instancias administrativas, diplomáticas y jurídicas a su alcance para que quienes hoy vulneran nuestra soberanía respondan por ello”, concluyó el comunicado presidencial.
La medida fue adoptada luego de una reunión de la mesa política del Gobierno, en la que también se resolvió enviar la próxima semana a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y continuar con las gestiones para avanzar en la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.
