Los referentes del partido Unidad Socialista, perteneciente a Unión por la Patria, reclamaron hoy a la Justicia a través de un hábeas corpus preventivo para que le ordene al presidente Javier Milei “abstenerse” de cualquier medida que cercene la participación política en redes sociales.
Encabezados por Jorge Rivas, la organización política de izquierda democrática, que se suma a la convocatoria a la Marcha Federal del Orgullo Antifascista del próximo sábado, reaccionaron ante las recientes declaraciones explosivas del mandatario contra quienes describe como «zurdos de mierda», a quienes les advirtió que los iría a «buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la libertad».
Aparte de Jorge Rivas, la presentación judicial lleva la firma de los dirigentes socialistas Mario Mazzitelli, Fabiana Ríos, Luis Ger, Juan María Escobar, Fernanda Gigliani y Francisco “Paco” Moreno.
En el documento, mantuvieron que las afirmaciones de Milei significan «una amenaza actual e inminente contra el cúmulo de derechos y garantías consagrados en los artículos 14, 16, 18, 19, 38 y concordantes de la Constitución Nacional» y solicitan que «se ordene al Presidente de la Nación a abstenerse de desarrollar conductas intimidatorias que importan concretas amenazas a la libertad de participación política de las personas».
En un mensaje a través de la red social X, en defensa del magnate Elon Musk por las críticas al saludo similar al que practicaban los nazis en el siglo XX, Milei había escrito: «No sólo no les tenemos miedo. Sino que los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la libertad. Tiemblen zurdos hijos de puta».
Los referentes socialistas recordaron también que «en el Foro de Davos, el Presidente redobló la ofensiva contra el llamado progresismo, y en particular contra el feminismo y el colectivo LGBTTIQ+, refiriéndose a quienes impulsan políticas sociales de igualdad de género y de respeto a la diversidad sexual como «un cáncer que hay que extirpar».
El habeas corpus preventivo afirma que estas expresiones constituyen “una amenaza a la libertad de participación política de todas las personas que se identifican con posiciones que sostengan o propongan la realización de reformas en el sistema social y económico del país”.
«Ello incluye a ciudadanos y ciudadanas que integran o simpatizan con muy diversas fuerzas políticas democráticas argentinas”, acotaron.
