A casi cuatro meses del requerimiento judicial los investigadores no tienen novedades del pedido y en el cuerpo legislativo que preside la Vicegobernadora no responden los pedidos de información.

La investigación penal que pesa sobre la senadora radical bonaerense Flavia Delmonte se encuentra virtualmente paralizada por una situación de la que la justicia es ajena. El Senado de la provincia de Buenos Aires que preside la vicegobernadora Verónica Magario (PJ) no avanza con el tratamiento de pedido de desafuero de la legisladora oriunda de la Quinta sección electoral bonaerense.

A fines de mayo pasado la justicia de Dolores (luego de tres meses de demora) envió a la cámara alta la solicitud de desafuero que debe ser tratada por el cuerpo. Si el pedido judicial avanza los investigadores estarán en condiciones de citar a declaración indagatoria y procesar a la legisladora Delmonte, acusada de desviar fondos públicos a su patrimonio particular.

El supuesto entramado de ñoquis y corrupción, fue revelado por Yanina Arce, ex cuñada de Delmonte y su empleada hasta mayo de 2020. Arce afirmó que Delmonte le ofreció un contrato a cambio de un retorno mensual, aunque desde las oficinas del Senado bonaerense lo niegan.

En el círculo de la legisladora provincial, consideran que esta denuncia tiene fines políticos para «desprestigiar» a Delmonte. «Es una denuncia presentada en mayo de 2021, un año después de que Arce dejara de trabajar para Delmonte y en el contexto del divorcio de la senadora con el hermano de la denunciante», afirmaron desde la defensa de la legisladora de la UCR.

Oriunda de Mar de Ajó, la legisladora es investigada por el delito de defraudación contra la administración pública y se la acusa de haber montado una presunta red de prestanombres y “ñoquis” a los que habría designado como empleados del senado provincial, quedándose con parte de sus salarios a cambio de ofrecerles obra social y aportes jubilatorios.

CHOCOLATES MULTIPARTIDARIOS

El caso que investiga el juez de Garantías de Dolores, Diego Olivera Zapiola, guarda similitudes con el que transita en Diputados y protagonizó el puntero del Frente Renovador de La Plata, Julio “Chocolate” Rigau.

Tras una serie de objeciones de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y un fallo de la Cámara de Apelaciones, finalmente Olivera Zapiola accedió a librar el oficio al Senado, quien deberá definir si rechaza el pedido, lo “cajonea” o lo impulsa y vota por el desafuero de la radical Delmonte, que tiene mandato hasta fines del año próximo.

Fuentes judiciales confirmaron en exclusivo a Borderperiodismo que los investigadores no recibieron ninguna notificación ni novedad sobre el estado del trámite en el cuerpo legislativo. Este medio también se comunicó en tres oportunidades con la responsable del área de prensa del Senado y la única respuesta al pedido de información fue el silencio.

También quedaron bajo investigación el asesor de la parlamentaria radical, Alan Razimoff, y el empleado de la Cámara baja Gonzalo Javier Torrijo Fuertes. Según la acusación, registraban ñoquis en el Senado y se quedaban con gran parte de lo que les asignaban como sueldo. En ese sentido, habría media docena de casos probados para la Justicia.

Al juez Olivera Zapiola no le quedaba más que impulsar el oficio de desafuero que ya había ordenado el 20 de febrero pasado su colega de Villa Gesell, David Leopoldo Mancinelli, mientras lo subrogó como magistrado contralor de la investigación que comenzó en 2021.

En el llamado a indagatoria, el fiscal Mario Rafael Pérez, de la Unidad Funcional de Instrucción u Juicio (UFIJ) 4 de Dolores, especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, sostuvo que “sin poder precisarse fecha exacta, pero entre los meses de febrero de 2019 y al menos hasta diciembre de 2020”, la senadora Delmonte, en forma conjunta y coordinada con Razimoff y con Fuertes, “desplegaron maniobras tendientes perjudicar a la Administración Pública Provincial, consistente en hacer incorporar como empleados administrativos al Senado Provincial a personas que no cumplían sus funciones”, es decir, los comúnmente llamados “ñoquis”.

Las causas que involucran al puntero massista «Chocolate» Rigau junto a sus jefes Claudio y Facundo Albini más la senadora radical Delmonte reavivan el debate sobre la corrupción en el manejo de fondos públicos y la impunidad en los círculos políticos de la provincia de Buenos Aires. Ambos casos revelan un preocupante patrón de irregularidades en el financiamiento y uso de recursos del Estado.

Si bien los casos de Rigau y Delmonte se desarrollan en ámbitos y con métodos distintos, ambos comparten un denominador común: la utilización indebida de recursos públicos para fines personales o partidarios. En el trasfondo, se encuentra un sistema político provincial que, a lo largo de las últimas décadas, ha permitido la creación de esquemas de financiamiento oscuro, contratos irregulares y desvío de fondos, bajo la mirada muchas veces complaciente de los sectores más altos del poder.

Lo que queda por ver es si ambos casos tendrán un desenlace judicial ejemplar o si, como ha ocurrido en otras ocasiones, las redes de poder político lograrán diluir las responsabilidades. El avance de las investigaciones será clave para determinar si los responsables directos e indirectos de estos escándalos podrán ser llevados ante la justicia o si los casos quedarán en el olvido mediático.