En los últimos seis meses del año 2024, el gobierno de Axel Kicillof le otorgó a la radio AM 530 "Madres de Plaza de Mayo" más de $145 millones en razón de pauta oficial, una cifra no tan acorde con su audiencia sino con su ideología y afinidad con la administración bonaerense.
Los gastos en publicidad se dieron en 82 órdenes diferentes en un lapso entre julio y diciembre del año pasado. En su mejor mes recibieron hasta 30 millones de pesos, beneficiados en comparación con competidores mucho mejor posicionados con respecto a oyentes.
Entre las figuras que integran el equipo de la radio Madres se encuentra Horacio Verbitsky, quizás la figura más representativa. Pero el más polémico es sin dudas el el ex vicepresidente condenado por la Justicia, Amado Boudou, que realiza su propia editorial todas las semanas.
#BORDER accedió a dichos datos a través de las mismas publicaciones que hace la gestión bonaerense, donde se detallan los gastos mes a mes y con variantes según los tipos de publicidades solicitadas.
La institución de Madres de Plaza de Mayo, controvertida en los últimos años por distintas polémicas, fue la protegida en la presidencia de los Kirchner, algo que hoy mantiene Kicillof en el último pilar del kirchnerismo en el país tras la derrota del 2023.
Recordemos que entorno al organismo se creó un amplio universo que abarcaba incluso una universidad. A dicho establecimiento se le cedieron diversos edificios para desarrollar actividades, uno de ellos sobre la Avenida Rivadavia al 2749/89. Este fue el centro de la controversia durante el año pasado después de diversas denuncias en las que se detallaba que el lugar era utilizado como un "boliche".
Las investigaciones derivaron en allanamientos en los que se encontró que en el segundo y tercer piso de la propiedad había una "familia ocupa" -sin saberse cuándo ni cómo ingresaron-, la base de la Asociación de Haitianos Viviendo en Argentina, la Asociación de Mujeres Migrantes y hasta el estudio de Radio Rebelde, otro de los medios que abarca la radio AM 530 de Madres.
Actualmente, el edificio volvió a manos del Ministerio de Justicia, tras conocerse que no era utilizado con los "fines universitarios" por los que se había cedido. La cartera ahora evalúa venderlo o utilizarlo para la implementación del nuevo sistema acusatorio.
Mientras Nación avanza con los recortes y las auditorias, la Provincia de Buenos Aires se encarga de mantener a la institución que amplió notoriamente sus bases más allá de la defensa de los Derechos Humanos y se rodeó de controversia en la última década.
LOS DOCUMENTOS
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