El dirigente piquetero Emerenciano Sena y su mujer, Marcela Acuña, fueron procesados hoy por la jueza federal de Chaco, Zunilda Niremperger. También fue procesado Osmar “Quintín” Gómez, ex funcionario de Jorge Capitanich y allegado a los Sena. El proceso tiene como motivo el delito de trata de personas.
El expediente comenzó en 2010, cuando Sergio Schoklender dirigía el programa estaba al frente del programa de construcción de viviendas “Sueños Compartidos” y acusó al piquetero, entre otros delitos, de someter a la servidumbre a las personas que trabajaban en un predio ubicado sobre la ruta 11.
A pesar de la severa acusación, la causa estuvo parada durante casi 13 años. Hasta que fue reactivada tras el asesinato de Cecilia Stryzowski, con nuevos testimonios.
Marcela Beatriz Leiva, una de las testigos, contó cómo llegó al clan Sena y reveló las condiciones en las que trabajaban las personas sometidas. “El trato era siempre malo, habían insultos, denigraban a todos los trabajadores, los manipulaban y amenazaban. Los obligaban a ir a las plazas para mostrar la fuerza que tenía el movimiento, les decían que debían llevar a los chicos para que estos aprendan el espíritu de lucha y a la vez sirvan de escudo para que no los repriman”, declaró ante la Fiscalía.
Sabadini también citó a María Soledad Vega, quien ratificó el maltrato que sufrían los trabajadores. “Un día Marcela Acuña golpeó a una compañera llamada Alejandra cuando estaba trabajando porque decía que provocaba a los compañeros y la humilló después en una reunión ante todos”, recordó.
También declaró Schoklender, quien denunció que hubo una “decisión política” del gobernador Jorge Capitanich de “negociar entre comillas con Emerenciano Sena y Marcela Acuña para no generar conflicto y cortes de puente y cortes en la ciudad”.
El ex apoderado de las Madres de Plaza de Mayo contó que se reunió en ese momento con el gobernador y le explicó los motivos del conflicto. Sena pretendía que los pagos a los obreros se realicen en efectivo para “manejar el dinero”. En cambio, la Fundación impulsaba la bancarización de todos los empleados.
Al principio, la causa estuvo a cargo del fiscal subrogante Gustavo Corregido. Corregido pidió imputar a los tres acusados, pero se encontró con la negativa del juez Carlos Skidelsky. La Cámara finalmente ordenó revocar ese fallo pero la causa quedó cajoneada durante años.
Según lo denunciado por Schoklender, los trabajadores fueron sometidos a servidumbre. Se los extorsionaban bajo amenaza de que le sacarían parte de sus salarios, se los sometía a horarios extendidos de trabajo, se les prohibia salir del predio, y estaban obligados a asistir a protestas sociales y desobedecer las directivas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, lo que incluyó el cese de actividades.
También se les sustraía la ropa de trabajo, elementos de seguridad como cascos, barbijos y antiparras; y el dinero remitido para gastos de alimentación y materiales de construcción remitidos por la Fundación.
El tercer delito denunciado por Schoklender fue la usurpación del predio del ex campo de tiro, cuya tenencia había sido conferida por el estado provincial a la Fundación para cumplir la finalidad de los convenios.
Para ese entonces, la guerra entre Schoklender y Sena ya había explotado. Como respuesta a la denuncia, Sena habló de desmanejos financieros y de hasta “grupos armados” que habían sido trasladados al Chaco para amedrentar a los obreros.
En cuanto Osmar Gómez, fue procesado por la jueza Niremperger por el delito de trata de personas y trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $31.000.000.
Sena y su mujer permanecen bajo prisión preventiva por el crimen de Cecilia y hace un mes fueron trasladados a cárceles comunes.
