Aunque el gobierno decidió por retirar varias empresas que pretendía privatizar del proyecto de Ley Bases, solicitará volver a incorporarlas al mismo en Diputados. En esa línea, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, declaró en las últimas horas que: “Con las empresas privatizables no tuvimos un acuerdo en el Senado porque no teníamos votos para poder sostenerlo. No tenemos un compromiso de que Diputados no pueda insistir en esos temas, por lo que también le pedimos a Diputados insistir en las privatizaciones”.

El gobierno insistirá con las privatizaciones probablemente por cuestiones fiscales, como explica el artículo publicado en TN por la periodista Julia D’Arrisso. Sucede que estas compañias mostraron un déficit operativo de más de $500.000 millones, aun cuando hubo una reducción de más de 2000 puestos de trabajo.

La Oficina de Presupuesto informa que las 33 empresas públicas no financieras mostraron un rojo operativo –diferencia entre la recaudación y los gastos de cada compañía para el funcionamiento de su actividad particular- de $514.242 millones. 

Por este motivo el Tesoro debió realizar transferencias por $554.277,5 millones durante el primer trimestre del año.  

Si a eso se agrega la diferencia entre los ingresos y los gastos vinculados a cuestiones corrientes, inversiones o equipamiento, el déficit acumulado del primer trimestre es de $142.287,5 millones.

El resultado financiero del primer trimestre del año se explica especialmente por el déficit de Aerolíneas Argentinas y Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Estas empresas mostraron déficits financieros por $149.214,4 millones y $136.889,1 millones respectivamente.

Si bien en el caso de Aerolíneas Argentinas se registró un gran aumento de ingresos corrientes debido al crecimiento de ventas de pasajes, aun asi no fue posible compensar la suba de los gastos operativos de la compañia los cuales estan principalmente abocados a la compra de combustible. La línea de bandera mostró gastos por $532.146,1 millones e ingresos por $382.931,7 millones.

AySA, en tanto, empeoró aún más más por la suba en las inversiones venegadas: es decir, que ya están comprometidas aunque aun no se hayan pagado – dirigidas a ampliación en plantas y otros proyectos de mantenimiento. Esto implicó gastos por $231.221,8 millones e ingresos por $94.332,7 millones.

Además de esos dos casos, la dinámica fiscal de las 33 empresas públicas en su conjunto durante el primer tramo del 2024 responde principalmente por el lado de los ingresos – $1.894.009,2 millones en total- a las transferencias realizadas por el Tesoro le hizo a la empresa Enarsa para pagar el gas natural que viene de Bolivia, así como los fondos obtenidos por esa misma firma por la comercialización de gas, también los giros que se hicieron a la Operadora Ferroviaria S.E para pagar sueldos costos de operación, y los recursos generados de Aerolíneas en la venta de pasajes.

La vertiente de los gastos, que llegaron a $2.036.296,7 en los primeros tres meses del año, tiene como origen principalmente en la operación de Aerolíneas y de Enarsa, así como también las inversiones destinadas al avance de las obras del gasoducto Néstor Kirchner y la Reversión del Gasoducto Norte.

Con el objetivo de achicar gastos, el Ejecutivo dispuso planes para reducir la nómina de personas que trabajan en dichas firmas y ya se ofrecieron programas de desvinculación en al menos cuatro de ellas: la dotación de personal de las empresas públicas pasó de 92.488 personas a 90.295. Esto es, 2193 personas menos o un ajuste del 2,37% sobre la nómina total, según datos de la Oficina de Presupuesto.