La justicia federal ordenó la pericia de la fortuna de Cristina Kirchner. Quién enfrenta un pedido de decomiso de 80.000 millones de pesos en la causa Vialidad, mientras que su última declaración jurada expone un patrimonio de 250 millones de pesos.

Esto sucede en el marco de una causa reabierta por orden de la Cámara Federal porteña, se impulsó una pericia contable que se concentra en ocho puntos para determinar si hubo inconsistencia en las declaraciones juradas del período 2009 a 2015. Esto viene tras un por pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, el juez Ercolini archivó una causa que se concentraba en el período 2009-2015, que incluye las presidencias de CFK.

Al impulsar la acción penal -al inicio del caso-, el Ministerio Público Fiscal realizó medidas de prueba tendientes a clarificar la evolución patrimonial de Cristina entre los años 2003 y 2015, como así también las supuestas inconsistencias y omisiones en la forma que su patrimonio fue exteriorizado en sus declaraciones juradas.

Al menos tres jueces, en diversas ocasiones, consideraron que no había elementos para que Cristina Kirchner sea imputada por el delito de enriquecimiento ilícito. Las dos últimas causas tramitaron en los juzgados federales a cargo de María Eugenia Capuchetti y Julián Ercolini

Según la fiscalía estas últimas se relacionaron con las firmas Los Sauces y Hotesur, a los bienes del acervo hereditario de Néstor Kirchner, a la firma Austral Construcciones y a la exteriorización de los depósitos a plazo fijo de la exmandataria.

El fiscal Pollicita después de varias medidas de prueba, determinó que existían distintos elementos que permitían solicitar el archivo de la causa. Por un lado, sostuvo que de las constancias surgía de que el patrimonio de Néstor Kirchner y Cristina Fernández durante el período 2003 a 2008 ya había sido objeto de investigación y que distintos tribunales del fuero habían dispuesto sus sobreseimientos.

Al respecto se había denunciado una “errónea exteriorización de los bienes y deudas por parte de Cristina Fernández a partir de la disolución de la sociedad conyugal, en tanto no había tenido lugar la partición y distribución de los bienes del acervo hereditario de Néstor Kirchner”.

Debido a este planteo el caso se archivó, pero la Cámara Federal porteña, a finales del año pasado, hizo lugar a un reclamo de la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en la causa, y ordenó reabrir el caso “respecto a los sucesos acontecidos en el período comprendido entre los años 2009 y 2015”.