Ayer, el mismo día en que se conoció la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el Departamento de Justicia de dicho país presentó un escrito en el que le pide a la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, rechazar la solicitud de los fondos Burford y Eton Capital de quedarse con activos de YPF para cobrar el fallo en el juicio por la expropiación que obliga a la Argentina a pagar US$ 16.000 millones.
La entidad dijo que la orden de ‘turnover’ de las acciones de YPF que piden los demandantes “viola las normas de inmunidad soberana de Estados Unidos” y le pide a Preska que la rechace”.
Los fondos Burford y Eton Capital son los que ganaron el juicio por la expropiación de YPF, ocurrida en 2012, en primera instancia. A partir de ese momento, solicitaron que la Argentina entregue un tercio de las acciones de YPF como garantía de pago de la sentencia, mientras que avanza el proceso de apelación en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. La defensa argentina se negó y desde Burford y Eton Capital comenzaron a investigar qué activos puedan ser embargados.
Según comunicaron fuentes oficiales al medio La Nación, la Procuración del Tesoro se puso en contacto con el gobierno de Joe Biden para ponerlo al tanto del juicio y explicar qué implicaría que un juez federal de Estados Unidos solicite el embargo de activos que están en otra jurisdicción. Las acciones que Argentina tiene de YPF se encuentran registradas en la Caja de Valores de Buenos Aires, no tiene tenencia de activos que cotizan en Nueva York.
En septiembre, el gobierno estadounidense pidió un plazo de tiempo para deliberar si presentaría un escrito acerca del pedido de los demandantes de que la Argentina entregue sus acciones de YPF.
Eton Park era accionista de YPF cuando la empresa petrolera fue estatizada y Burford Capital compró el derecho a litigar en la Justicia española, cuando las empresas Petersen –que habían fundado la familia Eskenazi en ese país y que eran accionistas de YPF– entraron en quiebra. Tanto Eton Park como Burford Capital aseguraron que el gobierno de Cristina Kirchner no lanzó una Oferta Pública de Adquisición sobre el total de las acciones, como dice el estatuto de YPF presentado en Estados Unidos cuando salió a cotizar en Bolsa, en el año 1993.
El artículo 7º del estatuto estipula que si un inversor compra más del 15% de las acciones, debe hacer una oferta de adquisición al resto de los accionistas. Pero cuando la empresa se estatizó, Argentina no hizo la OPA. El entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, quien era interventor de YPF, dijo en el Congreso antes de que se votara la Ley de Expropiación: “Créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el ciento por ciento a un valor equivalente a US$ 19.000 millones. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto! ¿Si no dónde está la seguridad jurídica? Señores, fue una empresa, se reunieron y dijeron: ‘¿Cómo podemos hacer para que nadie nunca intervenga en el control de la compañía?’”.
Los demandantes y la jueza Preska consideran que esa frase justifica los fallos y los alegatos. Según Preska: “La República obligó a los demandantes a otorgarle un préstamo masivo después de expulsar por la fuerza a los miembros del directorio de YPF, el 16 de abril de 2012, lo que provocó que los representantes de Repsol en YPF huyeran del país. El Sr. Kicillof declaró descaradamente que sería ‘estúpido’ cumplir ‘la ley de la propia YPF’ o ‘respetar sus estatutos’”. Desde la defensa Argentina aseguraron que la Constitución está por encima del estatuto de una empresa y que se rigieron por la Ley de Expropiación.
