Maximiliano Rusconi, abogado del condenado ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, se sumó a la defensa de Claudio y Facundo Albini, los presuntos cabecillas de la asociación ilícita que se investiga en el mediático expediente conocido como “caso Chocolate” que salió a la luz el pasado 9 de septiembre de 2023 y que puso en el centro del huracán a toda la clase política de la provincia de Buenos Aires, el bastión electoral más importante del país por su abultado padrón.

El ex fiscal se sumará al equipo de defensa integrado por los letrados Gustavo Galasso y Ezequiel Funes, confirmaron fuentes del caso a Borderperiodismo y recordaron que Galasso y Funes fueron los primeros defensores del puntero político del Frente Renovador, Julio “Chocolate” Rigau, quien fue descubierto mientras vaciaba cajeros automáticos mediante la manipulación de 47 tarjetas de débito de falsos empleados de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

Rigau y los Albini padre e hijo permanecen detenidos en prisión preventiva procesados por “asociación ilícita en concurso real con fraude a la administración pública”. La medida restrictiva de la libertad fue confirmada para la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata, ciudad donde se realiza la investigación que generó un cimbronazo político pese al silencio de casi todas las fuerzas excepto la izquierda representada en el FIT que reclamó por el esclarecimiento.

Según pudo confirmar este medio Claudio Albini analiza declarar ante la fiscal Betina Lacki. “Quiere defenderse porque es totalmente ajeno a la maniobra”, señalaron allegados al ex funcionario de la Cámara de Diputados provincial.

Albini padre pasó el feriado de carnaval internado en el hospital Alejandro Korn de la localidad de Melchor Romero afectado por una grave y dolorosa infección anal que fue controlada a tiempo, pero “su estado de salud desmejora a diario”, señalaron las fuentes consultadas.

Su versión de los hechos puede ser clave para que la investigación siga escalando en la trama política de responsabilidades. Fuentes judiciales recordaron que si bien fue funcionario legislativo “no tenía firma” para poder designar personal y está dispuesto a dar el nombre del o los funcionarios responsables.

Esta declaración puede generar un nuevo terremoto en la política provincial a tal punto que “hay pánico en la Dirección de Personal y en la Secretaría Administrativa” de la cámara baja provincial.

Altas y bajas en los equipos de abogados

“Chocolate” Rigau es asistido por los penalistas Alfredo Gascón y Miguel Molina, pero el acusado “analiza cambiar de defensores”. Quiere recuperar la liberad y por el momento sigue tras las rejas.

De confirmarse esa versión también entrarán en zona de riesgo la continuidad del equipo de abogados que asisten a los titulares de las tarjetas de débito quienes entregaron sus identidades para la confección de contratos a cambio de quedarse con el servicio de la obra social IOMA y los beneficios de una futura jubilación sin haber trabajado un solo día en la Legislatura bonaerense.

Chocolate radical

La investigación de la fiscal Lacki no se quedó solamente con las irregularidades en Diputados. Durante la investigación aparecieron datos de una situación similar en el Senado provincial, pero en ese caso, apunta al radicalismo bonaerense.

Hace una semana el dirigente radical Hugo Muguerza y su pareja Josefina Ortellado se presentaron en el expediente y designaron abogado defensor.

Muguerza -un militante radical que trabajó en la Municipalidad de La Plata y en el Instituto de Previsión Social provincial- es el hombre que se cruzaba con Rigau en los cajeros de La Plata.

“Muguerza trabaja hace mucho en el radicalismo de La Plata. Tenía mucha influencia en el entorno de Javier Quinterno (ex candidato a intendente ahora fallecido) pero sigue teniendo peso interno”, recordó una fuente de la política platense.

Las cámaras de seguridad del Banco Provincia registraron que Rigau se cruzaba con un hombre y una mujer, serían Muguerza y su pareja, que también retiraban dinero con 39 tarjetas de débito ajenas.

La fiscal analizó al detalle las imágenes de las cámaras y le pidió al Senado los datos personales de los 39 supuestos “ñoquis”. Algo similar había solicitado al comienzo de la investigación con los 48 “empleados” de la Cámara de Diputados que le entregaban sus tarjetas a Rigau. Además del Senado, la fiscal le mandó un oficio al banco para conocer el domicilio de cada uno. Luego, la funcionaria comenzó a citar a los dueños de las tarjetas para que declaren como testigos.

El 27 de febrero deberán presentarse Ileana Salamanca y Víctor Gabriel Uribe. Dos días después están citadas Jonathan Ivan Villegas y Karina Elizabeth Saraqui. Y el 5 de marzo Yamila Gisele Benzo y Bris Maiara Novillo.

En paralelo, la fiscal avanza con la investigación de las tarjetas de Diputados y quiere escuchar al director de Legal y Técnica de la Cámara de Diputados bonaerense, Eduardo Vito Resiglione, quien había cuestionado un pedido de la fiscal argumentando que era “una injerencia sobre asuntos internos” de otro poder del Estado. El funcionario fue citado en enero, pero estaba de vacaciones.

No es todo. Lacki también citará a empleados de la Secretaría Administrativa de la Legislatura bonaerense, un área estratégica donde se manejan los contratos de todos los empleados de ese organismo. “Procédase por Secretaría a la designación de audiencias testimoniales del personal de la Secretaría Administrativa del citado organismo, debiéndose adecuar las mismas a la agenda de esta dependencia”, expuso en su dictamen.