El fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola rechazó la denuncia por coacción, conspiración y otros delitos que presentó la diputada libertaria Lourdes Arrieta contra los colegas de su bloque con los que compartió una reunión con ex militares condenados por delitos de lesa humanidad.

En la resolución, el funcionario judicial calificó de “infantiles y pueriles” los argumentos brindados por la legisladora y cuestionó que sean llevadas a los tribunales diferencias que deberían resolverse en el ámbito político.

La diputada solicitó se investigue la posible comisión de los delitos de “coacción agravada, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, conspiración, y malversación de caudales públicos”, en los que podría haber incurrido el funcionario del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez, y las personas a las que ella responsabilizó por haber organizado la visita al penal de Ezeiza.

La resolución de la Fiscalía Federal 1 de Lomas de Zamora ocurrió el mismo día en que la tensión en el seno del bloque de La Libertad Avanza terminó de detonar. Esta denuncia de Arrieta contra sus pares es uno de los tantos motivos de fricción entre los distintos sectores que integran el bloque que se referencia con Javier Milei.

La diputada Arrieta presentó la denuncia una vez que, al conocerse el encuentro, hubo una ola de críticas de la política e incluso desde el gobierno tomaron distancia. De hecho, en la Cámara empezó esta semana el debate en comisión para intentar expulsar a los seis diputados.

Una denuncia extravagante

“La denuncia de la nombrada está motivada en su intención de despegarse de un hecho que la tuvo como protagonista (su visita en el penal a distintos detenidos condenados/procesados por crímenes de lesa humanidad, entre los que se encontraba Alfredo Astiz). Para ello, realiza una serie de consideraciones de carácter pueril, carentes de verosimilitud y provistas de un infantilismo que hiere la inteligencia del más desprevenido”, estableció el fiscal Mola.

El funcionario del Ministerio Público cuestionó la existencia de “un mal que, parece, ya se ha hecho carne en nuestra república, y es el de la judicialización de la política, de cuestiones de carácter o naturaleza estrictamente política. Es decir, la introducción en el ámbito del servicio de justicia, a partir de denuncias, de controversias que por su propia naturaleza se encuentran vedadas de ser abordadas en ese ámbito”.

Entre los argumentos que fueron rechazados por Mola está el que Arrieta adujo en la denuncia que cuando fue incorporada a los grupos de WhatsApp desde donde se organizaban las reuniones con los represores en ella, en realidad, creía que era un espacio “para debatir sobre situaciones o posibles proyectos, o discusión de ideas para lograr mejorar condiciones de detención de personas mayores”.

Arrieta planteó que “en los chats siempre se hizo hincapié en las condiciones de detención de los adultos mayores que ‘no tenían condena alguna de los tribunales y a los que se le negaban cuestiones básicas que todo detenido debía tener’”. Y afirma que “todo esto [fue] sustentado por un minucioso trabajo de manipulación, en el que ella se coloca como una de las personas manipuladas”.