En una reunión urgente realizada en la sede de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), jueces, fiscales y defensores nacionales manifestaron su rechazo al traspaso de la Justicia Nacional al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), tras un reciente fallo de la Corte Suprema que involucra a los herederos del pintor León Ferrari y al periodista Gustavo Gabriel Levinas.
Los magistrados compartieron los argumentos del procurador Eduardo Casal y del juez de la Corte Carlos Rosenkrantz, quienes cuestionaron la habilitación del Tribunal Superior de Justicia porteño (TSJ) para revisar fallos de las Cámaras Nacionales. “No existe base legal para atribuir esta potestad al TSJ porteño”, subrayaron, destacando que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación solo prevé el Recurso Extraordinario Federal para impugnar dichas sentencias.
En una declaración conjunta, reafirmaron que “la Justicia Nacional no puede ser transferida a la Ciudad de Buenos Aires, conforme a la Constitución Nacional”. La reunión contó con la participación de jueces, representantes de los Ministerios Públicos y empleados judiciales, quienes ratificaron la postura de rechazo. «Los representantes judiciales mencionaron que «la jurisdicción constituye uno de los mayores atributos inherentes a la soberanía del Estado que, en la República Argentina, se integra con el gobierno federal y los gobiernos de las provincias». También consideraron que aunque el Gobierno porteño es calificado como «autónomo», su personalidad jurídico-política «no emana de un poder originario y propio«, sino de la voluntad de un ente superior, es decir, la Nación argentina.
Además, advirtieron que esta medida altera la estructura del Poder Judicial Nacional, afectando también a los Ministerios Públicos. Según explicaron, las diferencias normativas entre las jurisdicciones complican la unidad de actuación y los mecanismos disciplinarios.
Para cerrar con el asunto, afirmaron que “los Ministerios Públicos se ven afectados” porque no se cumplen las leyes del Congreso (en su unidad de actuación, continuidad recursiva, sistema de recomendaciones jerárquicas, sanciones disciplinarias y mecanismos de remoción diversos en ambas jurisdicciones, entre otras), y por la inhabilitación normativa para litigar en otra jurisdicción, ya que «la legislación nacional vigente tienen habilitaciones no siempre equivalentes en el ámbito de la Ciudad».
«Quienes suscribimos el presente comunicado ratificamos nuestra postura histórica: La Justicia Nacional no puede ser transferida a la Ciudad de Buenos Aires, conforme una recta interpretación de la Constitución Nacional», finalizaron.
