La subsecretaria de Legales de Capital Humano, Leila Gianni, compareció recientemente ante la Justicia para ratificar la denuncia sobre presuntas irregularidades en contrataciones realizadas a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). No obstante, su testimonio dejó muchas preguntas sin respuesta y puso en entredicho su conocimiento del sistema de contrataciones.
La audiencia judicial reveló inconsistencias en la declaración de la abogada, cercana a la ministra Sandra Pettovello. Según un informe realizado por La Nación, la abogada afirmó que supo de las «irregularidades» a través de informes periodísticos. Según Gianni, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, entonces liderada por Pablo de la Torre, solicitaba directamente a la OEI la contratación de personal. En su testimonio, Gianni indicó que, al tomar conocimiento de estas irregularidades, convocó a una reunión al funcionario Federico Fernández, señalado como uno de los responsables de estos contratos. Este relato se complica aún más al considerar que Romano, presente en dicha reunión y mencionado por Gianni como «asesor», también se beneficia de este sistema de contrataciones.
El fiscal federal Ramiro González, a cargo de la investigación, está evaluando citar a Fernández como testigo. Hasta el momento, el caso no tiene imputados, pero González ya ordenó varias medidas de prueba para aclarar el panorama.
En este contexto, Gianni relató que en la reunión con Fernández, éste explicó que varios exfuncionarios del Ministerio, como Agustín Sánchez Sorondo, Lucila Ravskowsky y Maximiliano Keczeli, habían sido «habilitados» para contratar personal a través de la OEI. Sin embargo, ni Gianni ni Fernández especificaron quién autorizó estas contrataciones. La declaración de Gianni podría poner en aprietos a la ministra Pettovello, dado que Keczeli, señalado como el habilitador, era entonces el secretario de Coordinación Legal y Administrativa del Ministerio.
Además, la funcionaria denunció ante la justicia que algunos empleados del Ministerio, imposibilitados de facturar directamente, utilizaban terceros para recibir sus sueldos. Según su testimonio, los consultores contratados por la OEI cobraban en pesos, cambiaban el dinero a dólares y luego lo entregaban a ciertos funcionarios, quienes finalmente distribuían los fondos.
Este esquema, que incluye la conversión de moneda y la distribución de dinero, resulta complejo y difícil de entender, y plantea serias dudas sobre la transparencia y legalidad del proceso.
La subsecretaria afirmó que «todas las gestiones» realizaron contratos a través de la OEI, pero contradijo esta afirmación al señalar que ni la ministra ni ella estaban al tanto de las «irregularidades» del esquema de contratación. Esta declaración, que incluye a Romano, arroja sombras sobre su conocimiento real y su rol en el esquema.
