El vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa, resaltó la detección de varios presos que cobran una pensión no contributiva por invalidez laboral. Según sostiene el gobierno nacional, se detectaron 212 presos que cobraban esta pensión sin cumplir con los requisitos. Luego de esto, según detalló Adorni, se dieron de baja dichos beneficios.

Adorni también mencionó la existencia de un operativo adicional en el que se observó a 331 prófugos que cobraban las pensiones de manera ilegal. Según informaron, uno de ellos contaba con ocho causas en su contra. De los 331, 33 fueron puestos a disposición de la justicia y 14 fueron capturados en un solo operativo.

Este dato se reveló a través de una investigación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a partir de un cruce de datos con el Servicio Penitenciario Federal, revelando que estos beneficiarios se encontraban en situaciones judiciales incompatibles con el cobro de dicho beneficio.

La investigación de la ANDIS, a cargo de Diego Spagnuolo, forma parte de las auditorías que lleva adelante el organismo, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, para “transparentar el uso de los recursos públicos, asegurando que las pensiones lleguen a quienes realmente las necesitan”, según sostuvo el titular de la ANDIS.

Los primeros distritos en ser auditados son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Las auditorías, en pleno proceso, ya enseñan “un esquema de corrupción a través del cual se desvían fondos estimados entre 1.200 y 2.000 millones de dólares al año”, según la evaluación que armó el abogado Spagnuolo.

El 25 de octubre pasado revelaron el número de prófugos detenido al ser convocados por la ANDIS para ser auditados, un proceso de validación de datos que puso en desarrollo Spagnuolo. “Lo particular de estos parásitos es que cayeron en su propia trampa. Después de identificar que cobraban pensiones se los citó con la excusa de auditar esas pensiones y allí fueron atrapados por la policía. Además se les dio de baja el ingreso que cobraban del Estado Nacional y que financiaban injustamente todos los argentinos de bien con sus impuestos”, remarcó el vocero presidencial.

Según sostuvieron desde el gobierno, el 85% de esas pensiones a presos fueron otorgadas durante los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. El 15% en el de Mauricio Macri, según surge del relevamiento de La Libertad Avanza al que accedió el medio Infobae.