Hoy el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires repudió, este lunes, la visita de los diputados nacionales de La Libertad Avanza, Guillermo Montenegro (Buenos Aires), Alida Ferreyra (Corrientes), Lourdes Arrieta (Mendoza), María Fernanda Araujo y Beltrán Benedit (Entre Ríos) y Rocio Bonacci (Santa Fe) al penal de Ezeiza, donde se reunieron con ex militares condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar, entre los que estaban, entre otros, Alfredo Astiz.
Carlos Bianco, ministro de gobierno bonaerense, Benedit ya había tenido una reunión con Astiz, en la que se había comprometido a “ir con otros legisladores”.
“En los últimos días se empezaron a conocer algunos detalles de la excursión y el más preocupante es que se hizo en un vehículo oficial, con la autorización de la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación. O sea, fue una visita oficial, no personal. En el despacho del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación (Martín Menem) estaban al tanto de la visita porque tenían la lista de los nombres y el destino del vehículo. Seguramente sabrían también a quién iban a visitar”, manifestó el funcionario de la Provincia.
En la misma línea, le solicitaron a Menem que “aplique las sanciones que corresponden” a los diputados por esta “aberración que han cometido de ir a visitar a genocidas y represores” en una misión oficial, donde además le manifestaron “su solidaridad” y de la que hay “fotos sonrientes” de “genocidas, represores y diputados de la Nación”.
“Peor que la visita, quizás, es el WhatsApp que luego circuló y que es de público conocimiento, donde dice que no fueron a visitar ni a genocidas ni a represores sino a ‘ex – combatientes que libraron batallas en la lucha contra la subversión marxista’. Eso le valió una denuncia penal por apología del crimen, llevada adelante por la Comisión Provincial de la Memoria. También en ese WhatsApp el diputado Benedit sostiene que ‘los juicios de lesa humanidad son una farsa’ y que los jueces que dictaron las sentencias a los genocidas, lo hicieron ‘por ideología, venganza y negocios’ y que, por lo tanto, esos jueces ‘deberían ser denunciados en el Consejo de la Magistratura’ y sometidos a ‘juicio político’. El juez Daniel Obligado cursó a la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich) un oficio con carácter ‘urgente’ para que explique cómo se gestó esta reunión, quiénes participaron y si estaban al tanto las autoridades de la Cámara de Diputados de la Nación”, dijo Bianco, quien subrayó que los delitos por los cuales fueron condenados los represores, al ser de “lesa humanidad” son “imprescriptibles” y “no son pasibles de indulto ni de amnistía” ya que “con su silencio, respecto del destino de los desaparecidos y de los niños y niñas apropiados siguen cometiendo crímenes”.
“Desde la vuelta a la democracia, el pueblo argentino se ha expresado pública y masivamente cada 24 de marzo bajo el lema ‘Nunca más’ y no vamos a permitir que los genocidas y los represores tengan ningún tipo de beneficio vinculado a sus penas y al cumplimiento de las mismas. Que son 30.000 los compañeros detenidos desaparecidos por la dictadura cívico militar y que, desde el gobierno provincial, vamos a seguir apoyando y trabajando con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y que vamos a bregar por el juicio a todos los responsables que deben cumplir sus penas en cárcel común, perpetua y efectiva”, destacó Bianco, quien se mostró preocupado por las expresiones de “negacionismo y reivindicación de los crímenes de la dictadura militar” del presidente Javier Milei y otros referentes de La Libertad Avanza.
