El Gobierno declaró la emergencia pública en materia ferroviaria mediante el Decreto 525/2024, publicado recientemente en el Boletín Oficial. Esta medida se anuncia poco después de la aprobación de la Ley Bases en el Senado, que mantiene a Belgrano Cargas y a la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado entre las empresas a privatizar. La emergencia, que entró en vigor el 13 de junio de 2024, tiene una duración inicial de 24 meses y podría extenderse otros dos años si el Poder Ejecutivo o la Secretaría de Transporte lo consideran necesario.
La decisión del Gobierno se basa en los informes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que revelan una «delicada situación» en el sistema ferroviario. «Hay registros de una gestión ineficaz, con una planificación deficiente de las contrataciones destinadas al mantenimiento del material rodante, lo cual ha conllevado, en la práctica, una sensible disminución de formaciones en servicio y, por consiguiente, una disminución en las frecuencias», señalaron en el informe.
Esta falta de mantenimiento afectó significativamente la calidad del servicio, especialmente en el transporte de cargas, donde el mal estado de la infraestructura incrementó el número de descarrilamientos. Además, la deuda heredada por la empresa Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado puso en riesgo no solo la calidad del servicio, sino también las fuentes de trabajo y las condiciones laborales de sus empleados.
Plan de acción y financiamiento
Para enfrentar esta crisis, el Gobierno comprometió un presupuesto adicional de 1.293.780.000.000 pesos, de los cuales 350.000 millones deberán ser imputados en el presupuesto de 2024. Este fondo se destinará exclusivamente a proyectos aprobados que busquen mejorar la seguridad operativa y la infraestructura ferroviaria.
Las empresas Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima, y Desarrollo del Capital Humano Ferroviario Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria tienen un plazo de quince días para presentar propuestas «indispensables y urgentes» para mejorar el servicio.
El decreto también autoriza a la Secretaría de Transporte y a las empresas ferroviarias a cancelar contrataciones de tercerizados que no se ajusten al nuevo plan de acción. Además, se permitirá negociar deudas vencidas al 31 de diciembre de 2023 con empresas contratadas previamente.
Las entidades mencionadas tendrán la facultad de atraer inversiones, fomentar la participación de terceros y formalizar contratos necesarios para colaborar en la gestión operativa e infraestructura. Este enfoque busca administrar los fondos de manera más ágil y eficiente, un cambio necesario según fuentes oficiales que han señalado un desmanejo financiero significativo, reflejado en una pérdida de 4.300 millones de dólares el año pasado.
El resultado de esta iniciativa será crucial para la administración del presidente Javier Milei, quien se enfrenta al desafío de restaurar la confianza en uno de los pilares fundamentales de la infraestructura nacional. La implementación y gestión efectiva de este plan determinarán si el sistema ferroviario argentino puede superar su crisis actual y avanzar hacia una era de renovación y eficiencia.
